Los comunicados conjuntos número 65 y 66 de la mesa de negociación de La Habana, son una confirmación más de que el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las Farc ha llegado a feliz puerto, de que nada podrá ya dañarlo. Dicho sea de paso, estas negociaciones siempre han sido prometedoras, y salvo puntuales y muy breves crisis, en todo momento han tenido el panorama despejado. Como sostienen estudiosos de los conflictos bélicos, el nuestro estaba maduro para su terminación por la vía negociada, y esto fue lo que claramente entendió el presidente Santos en el momento en que emprendió el camino del diálogo, justo cuando tanta gente pedía más guerra. 
El comunicado número 65 de La Habana, emitido por gobierno y Farc el 19 de enero, pidió la participación de la ONU en el aspecto más crucial y delicado de los acuerdos de paz: el cese al fuego y de hostilidades y la dejación o entrega de armas de la guerrilla, aquello que hace irreversible el pacto de paz. Lo solicitado por las partes fue aceptado milimétricamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución del 23 de enero. Esto demuestra un trabajo previo serio y riguroso, para lograr un objetivo tan preciado, evidencia una vez más del juicio y responsabilidad con que el Gobierno nacional ha conducido estas negociaciones. La intervención de la ONU será como un traje cortado por sastre para los requerimientos del país. Por su parte, lo acordado en la mesa respecto a esta presencia internacional implica que las Farc sí se concentrarán en un número determinado de áreas y que sí entregarán las armas. Una guerrilla concentrada y luego sin armas no es más guerrilla. 
El comunicado número 66 de la mesa de negociación refleja la decisión sin ambages de las partes de concluir prontamente los diálogos para firmar un acuerdo definitivo. Si bien es un documento de procedimiento, muestra la intención de cerrar rápidamente las negociaciones, terminar lo más pronto posible la guerra entre el Estado colombiano y las Farc, uno de los hechos de mayor peso en toda nuestra vida republicana. 
Entonces, sin duda alguna, se nos vino el postconflicto con todas sus implicaciones. Eso que antes era una quimera, una fantasía, es realidad. Lo básico del postconflicto es simple, pero contundente, no habrá más violencia que provenga de esta guerrilla, ni más acción estatal armada para combatirla. Esto sumado, cambia sin duda el espíritu de la nación. Por otro lado, llega el desafío, el trabajo descomunal que implica cumplir con los acuerdos pactados. Recordemos que son varios los frentes en que habrá reformas y transformaciones: el campo y la vida rural; los cultivos ilícitos y el narcotráfico; la participación política de quienes dejan la guerra, así como su paso a la vida civil, lo que incluye temas tan serios como su seguridad, y sin duda el delicadísimo tema de la aplicación de justicia a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, muchos de los cuales se han clavado en el alma de millones de personas, y de cuyo tratamiento en esta fase que viene dependerá nuestra transición a una sociedad más sana y liviana de espíritu. 
La seguridad, asunto neural en todo esto, tiene por su parte problemas muy profundos que resolver. El primero, es poder adelantar rápidamente una negociación con el Eln, pues hasta ahora no ha pasado prácticamente nada. Esta es una materia pendiente a la que el Gobierno tiene la obligación de dedicarle más energía y darle más importancia, que tome el nivel de lo que está por terminar con las Farc. Por otro lado, queda el inmenso flagelo del crimen organizado y las bandas criminales herencia del paramilitarismo. 
Con todo, lo que viene es mucho mejor que lo que conocemos hoy. 

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Corrección: en la anterior columna sobre Venezuela afirmé que las próximas elecciones presidenciales en este país serían en el 2017, cuando en realidad están programadas para el 2019. Y es por esto último que la oposición no quiere esperar tanto para un cambio de gobierno y prefiere promover un referendo revocatorio del mandato presidencial.