Hace una semana, el 12 de mayo, los negociadores del Gobierno y las Farc emitieron un comunicado, el número 69, desde La Habana. Este documento señala el camino jurídico que entre las partes se ha establecido para que el acuerdo final, que pone fin a la guerra interna, sea ley y tenga estabilidad en el tiempo. Al fin y al cabo absolutamente todo lo que se acuerde en Cuba debe adquirir valor jurídico para que se convierta en realidad y, para esto, debe transitar un camino.

El camino escogido es complejo. No podría ser de otra manera, pues los hechos que se van a regular son tremendamente delicados, sensibles para la vida social y de su tratamiento depende la estabilidad futura del país. Al mismo tiempo, es sensato y conveniente pues atiende los requerimientos domésticos e internacionales para ponerle punto final al conflicto armado. Hay que acabar una guerra de medio siglo, establecer responsabilidades sobre la misma, definir el futuro de los combatientes, evitar resurgimientos de violencia y llevar a cabo cambios y reformas que impactan a amplios sectores de la sociedad. 

¿Qué es lo que se va a hacer? En el plano internacional el acuerdo final que está pronto a firmarse, el cual no representa ninguna entrega del país a las Farc - basta leer lo que ya se ha acordado para confirmar esta premisa, tendrá la forma de un 'acuerdo especial', figura del Derecho Internacional Humanitario que sirve para que los enemigos en una guerra, internacional o interna, acuerden pautas de comportamiento para proteger a la población civil y a los mismos combatientes, evitando la deshumanización. En nuestro caso servirá para ir un paso más allá y clausurar de una vez por todas la mayor fuente de deshumanización que tenemos: la guerra. El Derecho Internacional alienta como principio general la aplicación de sus normas para terminar las guerras y promover la paz. Los Convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de 1977 regulan la materia y Colombia es signataria por tratados internacionales de estas normas, en otras palabras, lo que se diga en estos documentos legales es ley para nosotros. Adicional a esto, el pacto final de paz será depositado en el Consejo Federal Suizo y el Consejo de Seguridad de la ONU para darle mayor seriedad y garantía a los compromisos de las partes.

En lo interno, en el Congreso se está tramitando un acto legislativo que da un marco de referencia para todo lo que tiene que ver con la aplicación del Acuerdo Final de La Habana, en este acto legislativo deberá indicarse que el pacto de paz es un acuerdo especial con base en los Convenios de Ginebra. Este acto legislativo irá a control de constitucionalidad a la Corte Constitucional.

Luego, nuevamente el Congreso deberá tramitar una ley para acoger el acuerdo de La Habana como acuerdo especial, con paso otra vez por la Corte, y vuelve al Congreso para darle carácter de norma constitucional, y naturalmente la Corte opina nuevamente. Muchos requisitos y trámites, sí. Pero ahí está la garantía de transparencia y la posibilidad de control y crítica. 
Además, esto no sería nada si no se pronunciara la ciudadanía, y para eso está el plebiscito, que sin duda se dará y será la oportunidad de oro para confirmar la intención de llegar a la paz por parte de los colombianos.

Aquí no hay ningún golpe de Estado, ninguna entrega del país. Lo que estamos viviendo es una transición histórica, y por eso mismo es exigente y compleja.
Las Farc pronto retirarán de sus filas a los menores de dieciocho años, empezando con la inmediata salida de los menores de quince. Por otro lado, existe la iniciativa de permitir que los jóvenes entre catorce y dieciocho años puedan entregar un voto simbólico en el plebiscito. La paz en ciernes es para que estos jóvenes tengan una vida mejor que todos los que murieron o han sufrido por esta guerra que se extingue.