Cuando en Manizales hablamos de patrimonio arquitectónico nos encontramos ante un tema difícil. Los diferentes componentes que deberían confluir, como conciencia ciudadana, leyes, recursos económicos, conocimiento, uso y funcionarios públicos no actúan armónicamente, dejando como resultado la desaparición de iconos de nuestra cultura. Este ambiente de desaciertos pesa sobre la opinión pública que naturalmente se va frustrando y radicalizando, y eso que nuestra ciudad podría derivar una importante ganancia monetaria ya que posee uno de los centros históricos republicanos más extensos y bellos del país. Un ejemplo del lucro posible: El Corredor Polaco produce casi $500.000.000.- (sí, quinientos millones de pesos) al año y me pregunto si esos mismos visitantes, después de que descienden de la Catedral, ¿no podrían dar un paseo guiado por el Centro Histórico y dejarle otro tanto de ganancia a la ciudad? La adecuación para esto requiere de una pequeña inversión en infraestructura física, pero de una gran inversión en publicidad.
Mas la realidad que vive Manizales con su Patrimonio es otra. Aquí los funcionarios encargados del tema juegan con la fe de la gente y si no es por demandas judiciales la burla de estos malvados sería perfecta. Vemos que al Instituto Universitario, mal llamado Juan XXIII, solo le están haciendo primeros auxilios para que resista otro tiempo de incertidumbre; los vitrales de la Catedral no fueron atendidos a pesar del estudio costoso que se les hizo, que seguramente en dos años, cuando se dañen varios, será obsoleto. Salió un contrato, eso sí, para parte de la estructura de cemento. La Capilla de La Enea al fin entró en movimiento, pero si se analiza la razón de porqué no se había hecho nada, la desilusión es mayor: ¡la ley no le permitía a la Alcaldía invertir dineros públicos en la reconstrucción! Es tan lúgubre el ambiente del Patrimonio en la ciudad que logros como la supervivencia de la Estación del Ferrocarril de Caldas y la Estación del Cable se borran de la mente de la gente y solo resalta lo que no está bien. Estos edificios históricos viven porque se les dio uso albergando dos universidades.
Existe la creencia que todo lo viejo está en mal estado y que es un peso para su dueño. La verdad es otra. Las casas y las cosas se dañan cuando no se les hace mantenimiento, y en eso sí que estamos mal en esta ciudad. Estuve en la Secretaría de Cultura del Departamento y fue grande mi asombro cuando vi las extensas goteras que están minando este emblemático edificio. No se han asignado dineros para siquiera coger las goteras. ¿O sea que no hay interés para atender un mantenimiento serio del edificio? Y eso que depende de la Gobernación y no del distante Ministerio de Cultura. Los funcionarios públicos al parecer no entienden que a estos edificios hay que hacerles algo todos los días, evitando que la desatención potencialice daños, se expandan, y su arreglo cueste varias veces más.
Es importante que la ciudadanía exija que se articulen los actores que gravitan alrededor del patrimonio; que los gobernantes actúen con eficacia e implementen lo que está en sus manos. Hay que revisar la legislación y hacer cambios sustanciales que logren una protección definitiva de este legado, que es nuestro por solo una generación y no podemos entregar menguado a la que nos sigue. El rol del dueño particular se debe revaluar en una nueva ley, porque no es posible que el peso del mantenimiento de un bien patrimonial recaiga sobre él y las extensiones de impuestos no ha surtido todo el impacto que se buscó. En Manizales no se están acogiendo a ese supuesto beneficio ni siquiera el 10% de los predios nominados. Es importante que se le demuestre a la ciudadanía que patrimonio no es sinónimo de calamidad.