Buscar la paz es la obligación de todo Estado en conflicto y apoyar este gran esfuerzo es algo muy loable. Después de la ilusión de ver cerca a la paz para Colombia, me abruman las incongruencias referentes al éxito de esta búsqueda.
No entiendo cómo un hombre de la claridad de ideas del senador Robledo dice que apoya el Proceso de Paz, pero se distancia del Gobierno de Santos. Para mí eso es una incoherencia. Técnicamente es muy poco posible que un mandatario como Santos, que ha hecho una administración plagada de graves errores y escándalos, sea la entidad que lleve a cabo tamaña tarea. 
¿Que uno de los congresos más corruptos de la tierra va ser el ente que aporte propuestas para la solución del conflicto armado y que va hacer control político al Gobierno? La impunidad en Colombia es demasiado alta y no me cabe duda que una burocracia designada por caciques regionales en función de manejar una clientela, que de pasada se come casi la mitad del prepuesto de este país, tenga intereses en pensar en la Patria. No hay con quién, y no creo que la guerrilla se equivoque, ellos están contentos con la actitud entreguista del Gobierno. Para ellos esta paz es una excelente oportunidad para evadir respuestas del debate entre el marxismo y el neoliberalismo. Me pregunto: ¿ideológicamente qué se concilió? Este sería el momento ideal para desenmascarar la demagogia de paz del Gobierno y darle una dirección patriótica a esta oportunidad que de otra forma, para Colombia será una frustración más que entre las nuevas balas, le corresponderá asumir.
El manejo de las víctimas no se puede construir sobre el magnánimo deseo de perdón expresado por la mayoría de ellas. Y con las declaraciones de los jefes guerrilleros, donde desparpajadamente dicen que no han hecho nada malo, niegan tácitamente que haya víctimas, caen como baldados de agua fría y sucia sobre los sobrevivientes y la opinión pública. El Estado tiene una obligación muy diferente a la lograda en La Habana cuando se comprometió a defender vida y bienes de los ciudadanos. 
Por mucho derecho transitorio, el Gobierno Santos no ha sido justo con los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. El debate parece no avanzar y se centra en negar ascensos a militares debido a las posibles objeciones de los negociantes en La Habana como señal de culpa del Gobierno por abusos hechos por el Ejército. Los ejemplos históricos de procesos de crímenes de guerra dan unas directrices que son vinculantes a las decisiones tomadas en La Habana. Eso no quiere decir que ciertos mandos del Ejército estén exentos de ser castigados en razón de atropellos que el código tipifica como crímenes de guerra. La guerra en sí es un crimen, pero se logró imponerle un poco de justicia, siempre y cuando se proceda contra aquellos que han querido, en su afán de vencer, burlarse de ese frágil bastión de civilidad. A estos guerrilleros los hará pagar, tarde o temprano, su debido Baltasar Garzón, porque la humanidad no tolera que la traten de ese modo. Pienso que los viejos guerrilleros de la Farc le deberían dar la oportunidad a sus mandos jóvenes y no envueltos en esos crímenes, de llevar su vocería política, perfilando así actores que aporten a la evolución de Colombia como país político. En cambio, este grupo de gente, que en la vida normal ya estaría jubilada, lleva a sus compañeras sentimentales a las negociaciones. Parafraseando la idea de Claudia López que insiste en que la guerrilla perdería su capacidad de amenaza una vez esté en el Congreso, yo diría que el problema de la guerrilla se acabará en unos pocos años debido a las muertes naturales de estos miembros de la tercera edad.
Colombia va a perder la oportunidad de redefinirse, de corregirse, de reformarse, de crecer con base al diálogo incluyente, de diseñar políticas urgentes que realmente asfixien la injusticia e impulsen a la Nación a una era de bienestar, ya que el Gobierno y las Farc carecen de miras magnánimas y solo se rigen por la idea que para el Gobierno Santos es más barato pagar una paz que seguir combatiendo a la Guerrilla. Como negocio esta estrategia puede ser interesante, pero carece de fuerza para mantener vivo un posconflicto.
Colombia debe declinar esa confusa oferta de paz, el país merece más que eso. Se deben sumar fuerzas sanas y seguir en la búsqueda de ese máximo fin de una sociedad. Para mí es al pueblo colombiano al que le corresponde diseñar una propuesta de paz y al Gobierno simplemente ejecutarla, no al revés. Votar no, no significa que hemos cumplido con nuestra tarea histórica.