La permanencia en el cargo del Defensor del Pueblo era insostenible. Nadie niega que el señor Jorge Armando Otálora tiene todo su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pero los cargos por los cuales se le acusa son de tal gravedad que ya no parecía el defensor sino el “ofensor” de los Derechos Humanos. Con el agravante que el testimonio de Astrid Helena Cristancho no es el único en su contra, pues se han conocido otras denuncias por acoso laboral y maltrato como las de Juan Manuel Osorio y Hernando Toro, dos funcionarios quienes renunciaron y dejaron sendas constancias sobre el maltrato al cual quiso someterlos. Por tanto, atornillarse al cargo habría sido una razón adicional para la desconfianza de la ciudadanía en sus servidores públicos y en las instituciones del Estado. 
Pero sorprende que la renuncia de Otálora no se hubiera dado espontáneamente, como un acto de franqueza y dignidad. Por el contrario, fue motivado por la valiente columna del periodista Daniel Coronell y la inmensa movilización de organizaciones de mujeres, movimientos sociales y líderes de opinión que exigieron un cambio urgente en la institución, que sirviera para mandarle un mensaje al país: el acoso laboral, la violencia contra la mujer, el abuso de poder y el acoso sexual son actos de violencia que merecen el reproche nacional. Y, por supuesto, la sanción legal. Porque de poco vale la renuncia del Defensor si no se hace un esfuerzo por esclarecer la verdad de los hechos y garantizar el cumplimiento de la ley, que castiga con severidad estos delitos. 
Aprovecho para hacer un reconocimiento especial al periodista Daniel Coronell, quien viene denunciando este caso con pruebas y argumentos a través de sus columnas en la revista Semana. Es el resultado del periodismo riguroso, con autonomía e independencia, que permite visibilizar las presuntas violaciones a los Derechos Humanos en la entidad encargada de protegerlos y promoverlos. “Estamos para buscar verdades aunque a veces resulten desagradables y casi siempre inconvenientes”, afirma el periodista. 
Como dije en mis pronunciamientos públicos, la ascendencia y el desempeño que exige el cargo del Defensor no puede ostentar la más mínima sospecha de abuso de poder y violencia, y le corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación abrir de oficio una investigación que determine los alcances de las denuncias en contra de Otálora, en razón de las leyes 1257 y 1719 que así lo disponen. 
Ahora, más allá de la batalla jurídica que seguramente comenzará entre las partes involucradas, la renuncia del “ofensor” del Pueblo abrió la posibilidad para un debate nacional: la necesidad de una terna de mujeres para reemplazarlo en la Defensoría. Así se lo hicimos saber al presidente Juan Manuel Santos en una carta abierta firmada por distintos congresistas de varios partidos políticos y por diversas organizaciones sociales, con quienes expresamos lo siguiente: 
“(…) Teniendo en cuenta la relevancia de esta institución, especialmente cuando el país se prepara para la resolución política del conflicto armado, consideramos que la terna que deberá entregarse a la Cámara de Representantes por parte de la Presidencia de la República para el nuevo periodo institucional, debería estar conformada por tres mujeres que reúnan la más amplia experiencia profesional en la defensa de los derechos humanos, y que gocen de las mayores calidades éticas y morales, como una forma de avanzar en el déficit de la participación de las mujeres en cargos decisorios y de alto nivel dentro del Estado, y de cerrar brechas de desigualdad histórica entre hombres y mujeres”. 
Y quiero que quede claro: no estamos proponiendo nombres concretos, ni estamos desconociendo que hay excelentes hombres preparados para ejercer con responsabilidad la función pública. Lo que estamos impulsando son criterios de selección que garanticen la no repetición de las inequidades en Colombia, donde suelen incluir a las mujeres como un simple relleno de las ternas. 
Por eso no nos equivoquemos de nuevo. Es hora de construir colectivamente un “nunca más”, un “basta ya” a la falta de independencia, transparencia, idoneidad e igualdad en los altos cargos del Estado. No queremos otro “ofensor” del pueblo. Exijamos una verdadera Defensora.