Uno de los primeros logros en la historia de las universidades fue la obtención y respeto de la autonomía, entonces inviolabilidad, para ejercer sus actividades. Las normas, si existían, eran muy sencillas. En Colombia se consolidó esta prerrogativa desde la expedición de la Ley 30 de 1992, no sin antes reconocer que la misma Constitución ya había refrendado este privilegio, otorgado casi desde siempre.

Antes de 1992, la autonomía era relativa y quizá un remedo porque varios aspectos de la administración de las universidades, estatales, en lo relativo a la obtención de recursos, al manejo financiero, administrativo y académico que estaba supeditado a las decisiones permanentes del gobierno, a través de los ministerios, Planeación Nacional y al Departamento de la Función Pública.

Hoy, la autonomía sigue comprometida y los gobiernos de turno, nacional, departamental o distrital en aplicación parcial de la ley vigente, no aportan lo suficiente, para el funcionamiento integral de las universidades estatales, eso es evidente y obligan a las universidades a buscar sus propios recursos mediante diversas estrategias, incluyendo las indebidas, estatales, matrículas y una incontrolada apertura de programas técnicos y tecnológicos, los cuales aportan importantes recursos.

En otros contextos no hay autonomía total, por cuanto las universidades y todos sus integrantes están sometidos a la Constitución, leyes y normas válidas para todo el país. En una violación a estas supremas reglas no existe ni debe existir la autonomía. Impunidad no significa autonomía.

Debe exigirse que todas las universidades, se puedan administrar autónomamente y eso lo debe entender el Estado, la sociedad y las mismas universidades. Todas tienen diferentes mecanismos para cumplir con este principio que las debe liberar, imposible a veces, de injerencias extrauniversitarias nefastas que las pueden lesionar tanto en su funcionamiento como en la obtención de los logros a los cuales se han comprometido frente a las comunidades.

Las universidades no son para los funcionarios ni para los profesores, en cualquiera de las disciplinas o de las actividades, ni exclusivamente para los estudiantes. Las universidades deben estar diseñadas para el servicio de toda la sociedad, si ello no es así se incumple con la esencia vigente de universidad.

Ahora, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para reafirmar su poder derivado de la Vigilancia y Control. Actividad obligatoria del Estado, plasmada en las normas que rigen a las universidades. El frenesí viene como consecuencia del descubrimiento reciente de los problemas suscitados en una universidad, pero indudablemente también existen otras estatales y privadas. Eso pasa cuando no se asumen las funciones en todo su contexto, en este caso a través del Viceministerio de Educación Superior. La dificultad no es nueva, viene de tiempo atrás.

Al parecer lo acontecido, es similar, a lo sucedido con una Empresa Promotora de Salud, que motivó un escándalo derivado de la desviación de recursos comprometiendo las actividades propias su misión. Todo pasa cuando teniendo las herramientas jurídicas y técnicas, estas se olvidan o se omiten y después aparecen las dificultades y entonces la mejor manera de enderezar las acciones, se logra recurriendo a más y más normas, como lo absurdo de los veedores internos.

Los Consejos Superiores de las universidades tienen responsabilidades indelegables y la obligación de actuar en defensa de la institución y la sociedad, haciendo cumplir las normas, evitando los excesos de la acción o la deletérea omisión. En las universidades estatales el 30% de sus integrantes representan al Estado y a veces imponen sus criterios. ¿Los Consejos no son suficientes para exigir la Vigilancia y Control universal? ¿Son impotentes las estructuras de control interno institucional, que dan respuestas al máximo organismo Colegiado?

Hay que defender la autonomía universitaria pero no se puede ser inferior a ella. La autonomía no puede ser una palabra mágica electorera, tiene que atender a un principio irrebatible, digno y consecuente con el espíritu universitario. Las universidades no deben ser castillos, en todo sentido, en la selva de la indiferencia. Ya es hora que la acreditación institucional sea obligatoria.