El pasado 10 de marzo en el recinto del Congreso de la República, se realizó un foro, que a diferencia de tantos encuentros vacuos, importante por cuanto estaban diferentes actores, unos en representación de instituciones comprometidas y otros porque querían expresar sus opiniones sobre el Proyecto de Ley 24, la reforma a la Ley 23 de 1981 que versa sobre Ética Médica.
La solicitud de convocatoria fue realizada por el senador Juan Manuel Galán, ponente del proyecto. De la sesión pueden extraerse varios apartes y sobre ellos surgen pertinentes comentarios que deberán tener en cuenta los congresistas para decidir su posible conversión en ley.
Es necesario reafirmar, como se ha hecho antes y como lo manifestaron todos los expositores, que se impone una reforma, en una parte, a la ya obsoleta ley.
En honor a la verdad, luego de cuatro intentos de reforma en los últimos años, éste parece estar avanzando aun con dificultades mayores, como fue analizado por diferentes invitados presentes en la sesión. Todos ratificaron de una u otra manera que la ley, cualquiera que ella sea, debe estar protegida de cualquier consideración gremial. Ello es esencial y para ratificarlo, no es una norma para médicos sino para la sociedad.
Igualmente, los principios básicos antiguos que tutelan el ejercicio de la medicina deben prevalecer, a pesar de los siglos que han transcurrido desde que se han impuesto. De la misma manera deben continuar los nuevos que son el producto del análisis de una práctica proba de la medicina.
Las obras de los seres humanos son finitas y ninguna decisión es infalible, salvo lo consignado por quienes tienen fe acendrada como los católicos y sus dogmas, que son absolutamente respetables. Por ello mismo la Ley 23 de 1981 o su reforma son imperfectas y aquella como la última pueden ser controvertidas en todas sus partes, pero una vez adoptadas como normas legales son obligatorias.
Uno de los juiciosos análisis fue el expresado por el representante de las Sociedades Científicas, quien se refirió a que no debía llamarse ley de ética médica, sino norma sobre la práctica de la medicina. Interesante fue el discurrir propiciado por él en la diferenciación entre ética, moralidad y ley. Y, ello se confunde con frecuencia.
Los maestros Juan Mendoza Vega y Fernando Sánchez Torres, expresaron su identidad con el proyecto y en términos generales, igualmente se pronunció la representante de la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Medicina, Ascofame, llamando también a construir finalmente una propuesta que reuniera las diferentes vertientes en discusión.
Hay que mencionar que este proyecto fue avalado inicialmente por la Gran Junta Médica Nacional y del cual con posterioridad se han apartado varias de las entidades como la Federación Médica Colombiana y las Sociedades Científicas, permaneciendo la Academia Nacional de Medicina, Ascofame y otros. 
Se hizo pública la gran discrepancia existente sobre el tema al interior del Tribunal Nacional de Ética Médica, al estar uno de sus magistrados, Fernando Guzmán Mora, en contra del proyecto, porque era superficial e inconveniente para el ejercicio de la profesión médica. Hay que meditar sus palabras.
Todos estuvieron de acuerdo, de una u otra manera, en la importancia de formar desde el estudiante una conciencia médica del bien actuar y que luego no habrá necesidad de sancionar, lo cual se debe hacer en caso de vulnerar los principios y los mandatos especiales.
Uno de los temas enunciados, con expositores de acuerdo y otros en contra, fue la inclusión en el proyecto de listas explícitas de las faltas de los médicos en cumplimiento del acto médico. Ello traería una preclasificación de fallas, hasta el extremo de cualificarlas en graves, medianas y leves. Un arma de doble filo.
Finalmente, el tema de la autonomía del ejercicio médico y su autorregulación fueron analizados someramente, lo que da lugar a otras consideraciones de más profundidad por la trascendencia social y profesional.
¿Cuándo y cuál será la nueva ley?