Es imposible saber si el pésimo castellano utilizado en las 297 páginas del Acuerdo Final entre el gobierno de Santos y los bandidos de las Farc es parte del plan para que nadie lo lea, o pura incompetencia gramatical y carencia total de estilo. El plebiscito de 1957 salió de la pluma de Alberto Lleras y del genio político de Laureano Gómez. El de ahora lo atribuyen al aventurero comunista español Enrique Santiago y a los asesores del padre De Roux en el CINEP. Y algo va de Pedro a Pedro. 
En el tema que nos ocupa hoy, y que sabremos cómo se resuelve, los redactores del esperpento dijeron:
“La garantía de protección social, mediante un beneficio económico periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y de un subsidio de riesgos laborales, proporcional a un ahorro individual acompañado de un subsidio de parte del Estado.” (Página 27 del Acuerdo).
Ni el mismo diablo entenderá lo que dijeron, ni lo que querían decir. Los que firmaron no leyeron lo que firmaban, es lo mejor que podemos decir en su homenaje.
Pero la norma se volvería regla constitucional obligatoria para siempre, si los colombianos cometieran el disparate de aprobar estupideces como la transcrita. Solo que hay estupideces más baratas. Tratemos de darle efectos a la norma, porque las reglas de hermenéutica nos ordenan darle sentido a la regla interpretada, precisamente para que produzca efectos.
Se trata, sin duda, de darles un beneficio económico periódico a los trabajadores y trabajadoras del campo en edad de jubilarse y claro está, que no estuvieran jubilados, como pasa con la gran mayoría de ellos.
¿A cuántos trabajadores y trabajadoras se aplica este beneficio y de cuánto será el pago mensual que se les promete?
Imposible que hombres tan distinguidos y ocupados como Humberto de la Calle, el general Mora y el general Naranjo, y por supuesto el bolchevique Sergio Jaramillo se ocupen de estos detalles majaderos. Solo que el detallito puede quebrar el sistema pensional del país y a Colombia entera.
Imaginemos que esos campesinos (y campesinas) alcancen los dos millones de personas y que el costo del beneficio y los otros subsidios mencionados en el punto del Acuerdo que transcribimos llegue a módicos quinientos mil pesos mensuales. La multiplicación nos da un billón de pesos por mes, o si quieren doce billones de pesos al año, punto y medio del PIB. El sistema pensional está quebrado. Y el país también.
Dirán los exégetas del Acuerdo que nadie habló de quinientos mil pesos mensuales. Replicaremos que si la cifra era menor, los redactores o firmantes del esperpento han debido decirlo. Porque el “beneficio” está claramente expuesto como un auxilio pensional para el que está en edad de jubilarse. Y la Corte Constitucional ha dicho que no hay jubilación inferior a la que corresponda a un salario mínimo.
Pero tranquilos. Porque el número de beneficiarios aumentará “como crecen las sombras cuando el sol declina”. Porque la gente envejece y porque los que están en las ciudades y vivieron en el campo, volverán al campo para cobrar la mesada. Y eso no lo controla nadie.
El otro “subsidio del Estado” de que habla el artículo no lo cuantifiquemos, porque es imposible. Lo incluimos en el billón de pesos ya dicho.
Pero nos surge una pequeña inquietud: ¿por qué beneficio económico a los viejos del campo y no a los de las ciudades? Desigualdad manifiesta que la Corte Constitucional corregirá. Beneficio para todos. Y entonces, ni para qué multiplicar. La quiebra no tendrá límites.
Es apenas una partecita de este Acuerdo que redactaron insensatos y firmaron irresponsables absolutos. Y es apenas, dijimos, una partecita. De idioteces como esa están llenas las 297 páginas de este camino al infierno, como lo llamó en su libro el general Adolfo Clavijo.