La historia es tan simple como dramática. Los generales Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo podrían ser los primeros visitantes de la Justicia Especial de Paz, por iniciativa del Consejo de Estado.
Todo ha empezado con la sentencia de este Tribunal citado a favor de la familia del periodista y genial humorista Jaime Garzón.
En efecto, el más alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo acaba de decidir que esa muerte le es imputable a Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas, pero con la complicidad o coautoría del Ejército y de la Policía.
En lo que respecta a Castaño, será de recordar que en “Mi Confesión” el libro que produjo a medias con el periodista Mauricio Aranguren Molina, Castaño negó ese crimen: “siempre he reconocido a quién he ejecutado y a quién no” (página 296 de la obra citada). “Yo en la muerte del humorista Jaime Garzón no tuve nada que ver” (Op. Cit. Misma página 296).
Pero lo atinente a Castaño es asunto menor. Porque haya sido el jefe de las autodefensas, o iniciativa del grupo La Terraza, es cuestión indiferente para los herederos de Garzón. Ni al uno ni a los otros les podrían cobrar los perjuicios que sufrieron con ese atroz asesinato.
Pero el asunto se complica, y en grande. Porque con pruebas harto deleznables, testimonios falsos, por supuesto, provenientes de las autodefensas, el Consejo concluye que en la muerte de Garzón tuvieron que ver el director de Inteligencia de la Brigada 13, un tal coronel Plazas, (nada que ver con Luis Alfonso Plazas Vega) y por supuesto José Miguel Narváez, un hombre intachable a quienes las autodefensas y los jueces resolvieron condenar por todo, a pesar de los múltiples testigos, auténticos y legítimos esos sí, que demuestran su inocencia.
Pero la Inteligencia Militar no ordena crímenes y la historia contra Plazas no se soporta en nada, ni Narváez representa al Ejército ni a la Policía. De ese modo, la condena del Consejo de Estado a favor de las supuestas víctimas no vale nada.
Y aquí es donde viene la parte dramática de la cuestión. Porque el Consejo, no sabemos con cuáles pruebas, decide que en el crimen intervinieron el Ejército y la Policía, como instituciones, y ahí sí cabe la condena contra la Nación y los setecientos millones que llegarán al bolsillo de la familia Garzón.
Pues estas instituciones tienen dolientes específicos: el Ejército era comandado por el general Mora Rangel. Y la Policía por el general Rosso José Serrano, mientras era jefe de Inteligencia el general Óscar Naranjo.
Los periodistas interrogaron al presidente del Consejo de Estado, singular personaje que se desmonta por las orejas y decide que el Consejo está seguro de que Ejército y Policía son culpables, y por eso condena a la Nación. Pero que la precisión sobre las personas involucradas, y su juzgamiento, corresponderá a la Justicia Especial de Paz.
Ponemos las manos en el fuego por la inocencia del general Mora y en cualquier crimen que se le impute. Pero era el comandante del Ejército. Y Serrano y Naranjo tenían los cargos que dijimos en la Policía. Luego es a todos ellos a quienes el Consejo de Estado despacha para la Justicia que Mora y Naranjo crearon con su firma.
El caso es bueno como ejemplo de lo que vendrá. Ya empezó y por cuáles ilustres cabezas, la cacería de brujas de la Justicia Especial. De modo que Mora y Naranjo confiesan el crimen, que por supuesto no cometieron, o pasan a juicio con el telón de fondo de una condena efectiva y real de 20 años.
Los testigos falsos brotarán del fondo de la tierra. Y alguien con suficiente representatividad tendrá que ser condenado, o se cae la sentencia del Consejo de Estado contra la Nación. En buenas andamos.