¿O simplemente desaparecidos?

Sea lo uno o lo otro, se trata de la comisión de un delito atroz contra personas protegidas, por el único delito de oponerse a una tiranía.

El presidente Santos no puede lavarse las manos y mucho menos su Canciller, que conoce profundamente a Maduro y sabe de lo que es capaz con cualquiera de sus opositores.

Esta farsa, por ahora trágica y probablemente sangrienta, empieza con la noticia de que dos estudiantes venezolanos, Lorent Enrique Gómez Saleh y Gabriel Valles Sguerzi, habían sido capturados en Colombia por razones de seguridad nacional. Tamaña ridiculez tenía que estar ocultando algo mucho más grave. Uno no hace el ridículo ante el mundo sin una razón suficiente. Ni siquiera Juanpa.

Pues ha venido a descubrirse que estos jóvenes estaban en Colombia huyendo de la persecución del régimen de oprobio que maltrata su país y que por lo menos Lorent había sido detenido y brutalmente golpeado por los esbirros de Maduro en una marcha estudiantil.

Maduro tiene de rehén a Santos con el sainete de La Habana, del cual es artífice y dueño. Santos no puede decirle que no a Maduro, porque le daña su único pretexto para mantenerse en el poder. En el caso de Walid Makled esa dependencia quedó a la vista.

Pero al fin y al cabo, Makled era un delincuente y el mundo se tragó ese sapo. Y se lo tragaron los Estados Unidos, que son expertos en deglutir esa clase de batracios, especialmente cuando tienen presidentes como Carter o como Obama. En el caso de Lorent y Valles no juega esa disculpa. Había que encontrar otra. Y la Canciller creyó encontrarla en la presencia de estos muchachitos en una reunión política, lo que demostraba su capacidad para destruir la democracia colombiana. En la reunión, huelga decirlo, no se practicaba el arte de fabricar o poner bombas. Se hablaba de política continental, desde una perspectiva ideológica que no está prohibida ni perseguida en este país.

Pero Juanpa tenía que cumplirle a Maduro. Y poniéndose de ruana todo el Derecho Internacional Público en materia de ‘perseguidos políticos’, capturó este par de estudiantes y sin mediar palabra, ni acusarlos, ni darles ocasión de defensa, los entregó en la frontera a sus brutales enemigos.

Cuando escribimos estas líneas no se sabe una sola palabra de los jóvenes secuestrados por el Gobierno de Colombia. Están desaparecidos. Eso, con seguridad. O inmisericordemente golpeados, o muertos. Y Santos es el primer y directo responsable de lo que con ellos ha ocurrido y de lo que ocurra en las próximas horas o en los próximos días. En un Estado de Derecho el Gobierno no pude comportarse de ese modo. Y en una democracia respetable, mucho menos.

Es gigantesca la indignación universal contra esta atrocidad. La oposición venezolana está planeando manifestaciones de protesta frente a todas las embajadas de Colombia en el mundo y las redes sociales se alimentan del rechazo a este acto cobarde, inhumano, monstruoso, cometido contra dos personas condenadas, nadie sabe a qué, por la ira de un tirano y la debilidad o la mala fe de su cómplice.

Santos ha cometido el peor disparate de su gobierno. Maduro ordenó y él cumplió. Utilizando la ingenuidad o la perversidad, ya es cosa de dudarlo, de su canciller. Y poniendo a Colombia en la lista de los países más detestables de la tierra.