Tan mal luce la economía nacional, que estoy recomendando leer a los neoliberales, pues ya ni ellos pueden negar la gravedad del problema y lo complicado que se avizora el futuro. La cara positiva de la crisis -que obliga a recordar la primera del libre comercio, en 1999- es que confirma que esas concepciones no pueden llevar a Colombia por la senda del progreso y demuestra que no fue la aplicación de esa política en el país lo que propició el repunte posterior al desastre económico del gobierno de Andrés Pastrana.

El escandaloso incremento del precio del dólar es, a la vez, un problema en sí mismo y el termómetro de varios males. Porque generará crisis y quiebras privadas y déficit fiscal y recortes del gasto público, desempleo y pobreza, en la medida en que aumentará el precio de todo lo importado -53.186 millones de dólares- y el costo de la deuda externa de los particulares y del Estado -98.590 millones de dólares. Lo que pueda ganarse por devaluación no compensará las nuevas dificultades y menos con la persistencia de los líos de la economía mundial.

La desvalorización del peso también refleja el alto déficit de la cuenta corriente, es decir, la incapacidad del país -con su industria y su agro postrados- para generar los dólares que se requieren para pagar unas importaciones disparadas, el creciente servicio de la deuda externa y las cuantiosas exportaciones de las utilidades de la inversión extranjera, de acuerdo con el modelo de libre comercio que condena a Colombia a especializarse en una minería depredadora y además concebida, no para sumarle al aparato industrial y agropecuario, sino para jugar el imposible papel de sustituirlo. Y que quede constancia de que este déficit ya era insostenible antes de que se hundieran los precios del petróleo y que las ventas mineras no requieren de TLC.

La relativa bonanza de los años pasados, que no cambió que Colombia sea uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo, no ocurrió por las decisiones de los gobiernos. Ella fue el fruto, en primer término, del gran incremento del precio de los minerales en el mercado mundial: el barril de petróleo subió de 22 hasta 130 dólares; la tonelada de carbón, de 28 a 122; el kilo de níquel, de 6,6 a 24 y la onza de oro, de 310 a 1.669. En su conjunto, el valor de la producción minera colombiana saltó de 12,3 billones de pesos a 75,6 billones entre 2000 y 2013, con el petróleo aportando el 80 por ciento de esa suma, lo que elevó su participación en las exportaciones del 36 al 55 por ciento y en los ingresos del gobierno central del 13 al 26 por ciento y explica el 32 por ciento de la inversión extranjera directa del año pasado. Con razón Sergio Clavijo, presidente de la Anif, dijo que el país se ganó la "lotería de los commodities".

Lo ocurrido en Colombia también se explica por la devaluación del dólar definida por Estados Unidos para aumentar sus exportaciones, maniobra que le hizo un daño grave a la producción colombiana y que en parte se disimuló por las importaciones a precios menores, hoy en trance de desaparecer. Además contó la decisión de Washington de abaratar el costo del crédito, el mismo que ahora, terminada la fiesta de algunos, habrá que pagar con tasas de interés y dólares más caros.

No fue entonces la "confianza inversionista" de Uribe y de Santos -otra forma de llamar el libre comercio y las fórmulas del Consenso de Washington- lo que mejoró las condiciones económicas que les ayudaron en el juego político -porque estimularon algunos negocios y empleos y les permitieron aumentar el gasto público, la mermelada y el clientelismo-, al costo de especializar a Colombia en minería y estrangularle su aparato industrial y agropecuario, economía neoliberal montada sobre la irresponsabilidad de tratar como permanente el excepcional súper ciclo minero que se sabía tenía que terminar y cuyo fin, ahora, le causará graves traumatismos al país.

Si quienes gobiernan a Colombia, incluida la tecnocracia neoliberal que ocultó lo que pasaba, tomaran la verdad de los hechos, aceptarían modificar el modelo económico. Pero como su ocupación principal consiste en proteger los intereses de quienes saben ganar en grande tanto en las vacas gordas como en las flacas, insistirán en lo mismo y buscarán que los platos rotos los paguen los sectores populares y las capas medias. ¿Una muestra? El mico del ministro Cárdenas en la reforma tributaria para que no baje el precio de la gasolina, con impuestos de más del 50 por ciento.