En enero de 2010, el Superintendente de Salud, Mario Mejía, condenó a Saludcoop a devolverle al sistema de salud 286 mil millones de pesos y a no pagar otros 308 mil millones por deudas contraídas, para un total de 595 mil millones. Tanto los pagos como las amortizaciones eran ilegales, pues no se cubrían con recursos de propiedad de la EPS sino de la salud de los colombianos, es decir, con los de la UPC destinados al POS.

Un año después, el primer supersalud del gobierno de Santos, Conrado Gómez, acordó con la EPS echar para atrás la sanción (!), maniobra que les fracasó porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado respaldaron la primera decisión de la Superintendencia, tras confirmar que esos dineros, tomados de la UPC, solo podían usarse para pagar medicamentos, trabajadores (médicos, enfermeras…) y procedimientos (quirúrgicos, hospitalarios…), así como los costos de administración (gerentes, contabilistas…) relacionados exclusivamente con el acto médico.

La manera como se comprobó el robo, porque en lenguaje corriente de eso es de lo que se trata, fue relativamente fácil: la Supersalud demostró que de los 707 mil millones de pesos invertidos y gastados por Saludcoop entre el 2004 y el 2008, que no podían pagarse con plata de la salud, solo pudo cubrir con recursos propios 112 mil millones. Luego la suma restante, 595 mil millones, era plata de la UPC, de la salud de los colombianos. En la condena se le prohibió a la EPS volver a cometer el fraude, restituirle al sistema lo tomado ilegalmente y no seguir cubriendo sus deudas con la plata de la UPC y el POS.

Después, y como resultado de una investigación que cubrió lo ocurrido entre 1998 y el 2010, la Contraloría General de la República condenó a Saludcoop a devolverle al sistema de salud 1.42 billones de pesos –indexados a 2010–, porque se los había gastado o invertido mediante el mismo método fraudulento sancionado por la Supersalud.

Entre las inversiones ilegales aparecen 28 clínicas, 14 lotes, vehículos, una zona franca, Rincón Grande Country Club, Gimnasio los Pinos, negocios en México y Ecuador y empresas de comida, lavandería, medicamentos, todo, hay que repetirlo, pagado con los recursos de la salud. En su descaro, con dineros de la UPC y el POS los directivos cubrieron una reunión del Consejo de Administración de la EPS en un lujoso hotel de Singapur.

La Superintendencia de Industria y Comercio condenó además a Saludcoop, a otras 13 EPS y a Acemi, la organización que las agrupa, por conformar un "cartel" –así lo califica el fallo– para realizar maniobras fraudulentas, como cobrar dos veces por el mismo servicio POS que negaba –una vez con cargo a la UPC y otra al Fosyga. Y Saludcoop –junto con Cafésalud y Cruz Blanca, las otras EPS del mismo grupo–, infló los precios de los medicamentos en 800 mil millones de pesos y giró siete mil cheques que nunca pagó pero que sí usó para cobrarle ese monto al Fosyga y defraudar el sistema de salud.

Pero lo peor de esta historia es la actitud del gobierno, que hoy gobierna a Saludcoop intervenida a través de un funcionario suyo. Porque a pesar de la prohibición de la Superintendencia de Salud, desde el 2011 han pagado deudas por 238 mil millones de pesos, la EPS responde por créditos bancarios de todo el grupo Saludcoop y siguen las prácticas viciosas con las empresas de su red de integración vertical, mientras les debe 575 mil millones a las IPS que no son de su propiedad. ¡Y el interventor, además —con la venia del gobierno— contrató abogados por 11 mil millones de pesos para lograr la nulidad de la sanción por 1.4 billones de la Contraloría, con lo que Saludcoop podría salirse con la suya! (http://bit.ly/1oDADxE)

Fue notoria la displicencia del ministro y el superintendente de salud ante estas denuncias en la plenaria del Senado, como si no se estuviera ante la mayor defraudación de recursos públicos de la historia de Colombia –porque en otros casos de corrupción se tumban porcentajes de las sumas mencionadas, mientras que aquí se la tumbaron toda– y no fuera muy probable que la misma práctica de robarse la plata de la UPC, pasándola descaradamente al patrimonio, haya sido y sea usada por otras EPS.