Los graves problemas de la generación eléctrica confirman el error estratégico, el absurdo, incluso, de la privatización de Isagén. Pero además hay serios indicios, en el sentido jurídico del término, de colusión entre las trasnacionales Brookfield y Colbún para defraudar al país, aprovechándose de que Santos y Mauricio Cárdenas impusieron una subasta con un solo oferente, a pesar de que la ausencia de competencia viola la propia definición de la palabra subasta, las leyes del país y los derechos constitucionales a la moralidad administrativa y a la libre competencia.
En realidad, Brookfield no se comprometió a invertir 2.000 millones de dólares -6,5 billones pesos- en la compra de las acciones del gobierno en Isagén -equivalentes al 57 por ciento-, sino 3.500, porque también se obligó a comprar el resto de las acciones al mismo precio que pagó por las primeras, lo que además significa que EPM, la Empresa de Energía de Bogotá y otros -los “socios menores”- también salieron defraudados. Si Brookfield, mediante esta forma dolosa de subasta, compró por un precio 10 ó 15 por ciento inferior al resultante si hubiera habido puja -podría ser por más-, por eso solo se ganó entre 350 y 525 millones de dólares, suma que puede malear a más de uno.
Fuera de ejecutar una subasta de uno, sin que exista norma legal que lo autorice, el primer indicio de colusión reside en que el gobierno hizo muy difícil la presencia de más oferentes. Porque el 23 de diciembre la citó para el 13 de enero, plazo brevísimo que en realidad era menor, dado que solo hasta el 31 de diciembre podía comprarse una póliza de seriedad por cien mil millones de pesos, requisito para participar en la puja. ¡Apenas siete días, y en pleno fin del año, para una decisión de ese calibre!
Aunque en Colombia se repitió que Colbún iba a competir con Brookfield por Isagén, esta nunca tomó esa decisión, según se lo informó en dos cartas al superintendente de Valores de Chile, antes de comunicarle su no definitivo. Y le era muy difícil hacerlo porque el 18 de diciembre había comprado por 786 millones de dólares a Fenix Power Perú, operación que en parte pagó asumiendo una deuda de 614.6 millones, que tuvo que refinanciar el 19 de febrero con los bancos Scotiabank y Sumimoto Mitsui. En la prensa chilena siempre se reflejó que Colbún no iría a la subasta, Portafolio del 25 y el 28 de diciembre dijo que no participaría y cuando en enero anunció su negativa, un medio en Chile tituló: “Mercado celebra decisión de Colbún de no presentar oferta por la colombiana Isagén”, porque su acción tuvo el mejor día en la bolsa en meses.
Quien revise los libros de Colbún concluirá que habría cometido un grave error al comprometerse con 3.500 millones de dólares por Isagén, pues sus finanzas habrían podido desquiciarse. Por eso celebraron en Chile su negativa a hacerlo. Pero de manera extraña, Scotiabank le expidió a Colbún la póliza para la subasta de Isagén –aunque dicho pago no aparece registrado en los libros de Colbún–, operación que, en carta del 29 de diciembre, le ocultó al supervalores chileno, a quien sí le confirmó que seguía sin decidirse a participar en el negocio. Indicios muy llamativos: Colbún no participó en la subasta y nunca dijo que lo haría, pero sí se gastó un dineral -¿o no se lo gastaría?- en una garantía que les ocultó a las autoridades de Chile y cuya prueba de pago no aparece.
También configuran indicios de colusión las estrechas relaciones entre Brookfield y Scotiabank, la entidad que curiosamente le expidió a Colbún la póliza de seriedad que le permitía competir con Brookfield, empujando el precio en la subasta hacia arriba, y que la ponía en riesgo por una suma importante. De otro lado, Brookfield está acusada de sobornar a funcionarios públicos en Brasil, el gobierno de Estados Unidos la investiga por promover la corrupción internacional, se la acusa de ocultar información en sus libros y los expertos recomiendan no invertir en ella. Y opaca aún más el cuadro el desacreditado Tony Blair, el exprimer ministro inglés amigo de Santos -quien actuó de manera oscura dentro de la administración colombiana a favor de ciertos inversionistas extranjeros-, porque altos exfuncionarios suyos pertenecen a la cúpula de Brookfield y de Credit Suisse, que se ganó 24 mil millones de pesos por intermediar la subasta.
La Fiscalía y los organismos de control deben investigar una colusión entre Brookfield y Colbún para defraudar a Colombia mediante la falsa subasta de Isagén, al igual que la actuación de los servidores públicos que definieron las reglas del juego de este pésimo negocio para el interés nacional (Debate en el Senado: http://bit.ly/1quhtlE).