Pese a que Colombia le decía No a los acuerdos de La Habana, el Nobel de Paz 2016 otorgado al Presidente Santos reconociendo el histórico proceso, se constituye en un deber ético que obliga a reflexionar en las condiciones que permitirán construir colectivamente y a largo plazo un país viable. Para el efecto, inspirados en el pensamiento profundo del Padre Francisco de Roux, que invita al perdón y al diálogo si queremos detener la guerra fratricida de Colombia, podría implementarse una pedagógica por la Paz soportada en valores éticos que no son los del odio y el castigo, y en los fundamentos de la democracia que consagra el Estado Social de Derecho.

Dado el lastre de medio siglo de este conflicto que sigue gravitando en imaginarios e historias, podría reconocerse el significado esperanzador que tuvo el hecho de Bojayá, cuya comunidad pese a haber sido víctima de la masacre cometida por las Farc en 2002, aceptó en un 96% lo pactado entre gobierno y guerrilla, además de subrayarse la importancia de los resultados en otros territorios cuyas comunidades habiendo padecido la guerra, mayoritariamente decidieron acoger el "Sí", caso Apartadó (52%), Barbacoas (73%), Cajibio (71%), Caloto (73%), Macarena (73%), Miraflores (85%), Mitú (77%), Puerto Asís (57%), San Vicente el Caguán (62%), Silvia (73%), Toribío (71%), Tumaco (72%), Turbo (56%) y Valle del Guamez (86%).

Hoy, conocidas las posturas derivadas del resultado plebiscitario, con un país fraccionado en torno a los citados acuerdos y unido por la necesidad de preservar el cese bilateral del fuego para hacer viable un proceso de renegociación que conduzca a una Paz duradera y sostenible, dada la incertidumbre por efecto de lo ocurrido con la voluntad de las Farc y el Eln, para no frustrar un deseo esperanzador, de no lograrse un trámite ágil y oportuno en virtud de la dificultad desde la perspectiva política, podría optarse por una asamblea constituyente que blinde el proceso con la sociedad civil e incluya salud y educación públicas, para no someter los acuerdos a un debate parlamentario en un ambiente donde se correría el riesgo de convertirlo en objeto electoral.

Frente a la invalidez de los citados acuerdos cuyo resultado desfavorable en la consulta, parte del menoscabado natural de la popularidad del gobierno, y de errores como la extensión del documento, del éxito de una controvertida campaña mediática contra el “castro-chavismo” que redujo lo fundamental a que los culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad no irían a la cárcel sino al Congreso, resulta esperanzador ver señales dadas por actores de lado y lado, favorables a ajustes posibles para replantear lo que fuera objeto del plebiscito, aunque quedan dudas sobre la prevalencia del interés general cuando algunos en beneficio propio han instrumentalizado campañas exacerbando el fanatismo y dogmatismo.

Si de algo sirve, estas precisiones a los puntos de divergencia: 1- se argumentó que de haberse aprobado los acuerdos habría nuevos impuestos para los colombianos, pero esto solo resulta cierto en el caso específico de terratenientes evasores que lo harían con un catastro rural actualizado; 2- se dijo que los acuerdos atentan contra la propiedad privada, afirmación temeraria que exigiría precisiones para saber dónde lo dice; 3- añadieron que se consagraría la impunidad para delitos atroces, afirmación que olvida que para el efecto los crímenes graves serían juzgados en un tribunal especial y que los acuerdos sobre justicia transicional se ha planteado para todos los actores del conflicto armado, incluidos militares que podrían decir verdades; y 4- afirmaron que en el proceso se “vulneraba” la institución de la familia, porque lo acordado incluyó un enfoque de género no solo con énfasis en la mujer.

Ahora lo rural, asunto vital en los acuerdos para la paz que debería preservarse: contempla el otorgamiento de tierras para comunidades campesinas pobres y minoritarias, sin tierra o con tierra insuficiente, acompañado de planes y programas integrales que garanticen la inclusión social, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria; se incluye además un fondo de tierras que se nutriría de la extinción judicial de dominio de predios ilegales (dominios paramilitares p.e.), baldíos recuperados mediante procesos agrarios, y excedentes no explotados fruto de la delimitación y actualización de reservas forestales.