Se conmemoran los 30 años de la tragedia de Armero y Chinchiná, el mayor desastre causado por una amenaza natural en Colombia: la erupción del Ruiz que comienza con emisiones de ceniza fruto de explosiones premonitoras pasadas las tres de la tarde, pero cuyo paroxismo se da a las 9:09 de la noche del miércoles 13 de noviembre de 1985, cuando detonan los flujos de lodo generados por el agua del deshielo ocasionado por las riadas gaso-piroclásticas que funden la nieve, además de la copiosa lluvia que acompaña la erupción magmática. Dichos lahares, estimados en 100 millones de metros cúbicos, al descender por los ríos Gualí, Lagunillas-Azufrado y Río Claro-Chinchiná, llevaron desolación y muerte al devastar a su paso los asentamientos ribereños con sus puentes, vías y cultivos. 
Las avalanchas de lodo y piedra, tras cerca de dos horas de recorrido, al arrasar las poblaciones ubicadas en los valles de salida de los ríos que drenan desde el volcán nevado hacia el Cauca y el Magdalena, en ambos poblados cobraron la vida de 25 mil compatriotas que no fueron oportunamente alertados, y menos preparados con anterioridad para evacuar preventiva y oportunamente frente a una eventualidad, dado el fatal riesgo de esta amenaza hidrogeológica de origen volcánico, con probabilidad de ocurrencia del cien por ciento en caso de erupción, según lo señalaba el mapa de amenazas concluido desde octubre del mismo año por el equipo de geólogos de Ingeominas y la Universidad de Caldas. 
Aunque la UNDRO había recomendado meses antes el monitoreo del volcán, la elaboración de un mapa de riesgos y la implementación de planes de evacuación, a pesar de los antecedentes del Ruiz asociados a las erupciones de 1595 y 1845, donde la primera cobró unas 600 vidas y la segunda otras 1.000 asentadas en el mismo lugar donde se fundaría Armero (1895), por nuestra inexperiencia, la falta de apoyo del gobierno explicada en la tardanza para emprender las tres tareas recomendadas, y la inexistencia de los valiosos instrumentos de gestión del riesgo hoy implementados, aunque se contaba con dos horas después de iniciada la erupción de 1985 para que un poblado como Armero fuera evacuado hacia las zonas más altas contiguas, sus pobladores no fueron notificados. 
Hace 30 años en el ámbito colombiano, donde el gobierno estaba preocupado por los asuntos de la toma del Palacio de Justicia, no era fácil advertir lo que ocurriría: El Ruiz se había reactivado casi un año antes tras un período de calma de 140 años, silencio que permitió acuñarle el apelativo de “león dormido”. Igualmente, en la tarde del fatídico 13 de noviembre, cuando la ceniza llevada por el viento cae como copos de nieve sobre el poblado, el cura de Armero a través del megáfono le había asegurado al pueblo que las condiciones eran seguras, por lo que no había que abandonar el pueblo, al tiempo que por la emisora local el alcalde de la localidad informaba que no había nada de qué preocuparse aludiendo a la ceniza volcánica que caía. 
Dado que la magnitud del desastre solo se advierte a la madrugada del día siguiente cuando vía aérea se observa la destrucción de la “ciudad blanca”, que los sobrevivientes de Armero sumergidos en el lodo se esparcían sobre un área de 30 kilómetros cuadrados inundada por el fango, se perdieron muchas vidas al haber transcurrido horas vitales sin poder iniciar el rescate, y porque al emprenderlo la logística de salvamento se dificultaba, dada la condición del escenario con vías y puentes destrozados, y un sistema hospitalario colapsado que debió expandirse de forma improvisada para las urgencias. 
En Armero, las primeras acciones las emprenden héroes sobrevivientes que al alba penetrando el pantano en medio de una masa enmarañada y esparcida de árboles, escombros y cuerpos mutilados, ayudan a quienes heridos yacían gimiendo en agonía; la difícil tarea que luego prosiguen los socorristas conforme van llegando de las poblaciones vecinas, horas más tarde se apoya con insuficientes helicópteros. A modo de lección, con la convicción de que esta tragedia podría haberse evitado con una planificación adecuada, habrá que continuar con acciones socioambientales integrales, hasta alcanzar una cultura del riesgo que contribuya a la construcción sostenible del hábitat, considerando las amenazas naturales.