Lo conocido sobre Agro Ingreso Seguro, Estraval, Reficar, Interbolsa y Odebrecht, evidencia un mal cultural de profunda raigambre en nuestra sociedad, con consecuencias de proporciones gigantescas: la corrupción, como expresión de una crisis de ética y moral en la sociedad colombiana, que desestructura la democracia y atenta contra los derechos humanos, cuando además del saqueo del erario desde el Ejecutivo, la inoperancia de los organismos de control y flaqueza de la justicia, que blindan con la impunidad a los responsables, encuentra como artífice al Legislativo, como consecuencia de un sistema de poder controlado por partidos corruptos, que a partir del clientelismo degrada los poderes del Estado y conducen a la sociedad al incumplimiento generalizado de las normas legales, al pago de coimas, a la alteración de mercancías y medidores, al cobro por lo indebido, y a muchas otras prácticas de la cultura de la ilegalidad.
El pésimo desempeño de quienes tienen el deber de vigilar el manejo eficiente y pulcro de los recursos de los entes territoriales, avalado en el índice de transparencia de las entidades del Estado por las cuantías que se permiten en la contratación directa, en el fraccionamiento de contratos y en la aplicación de requisitos direccionantes y excluyentes, pone en evidencia una grave debilidad institucional, caracterizada: primero, por un sistema de control inoperante pese a las expectativas derivadas de la reforma de 1991; segundo, por un sistema judicial que según el Anuario de Competitividad Mundial del Institute for Management Developmet, ubica a Colombia en la casilla 53 entre 59 países; y tercero, por un débil control social que le da espacio a una corrupción generalizada, donde “la mermelada” caracteriza la gestión pública.
Nuestro gasto público, es muy ineficiente: una gran proporción se destina a gastos burocráticos innecesarios, que perpetúan la clase política infecta al asegurar las malas prácticas controlando cargos clave, ubicando selectivamente funcionarios para lograr acciones ilícitas en las dependencias del Estado, donde otros que callan por falta de garantía y contra su querer toleran la corrupción al sentirse impotentes, permiten que los delincuentes de cuello blanco que cuentan con la complicidad de un sistema de control cooptado y una justicia debilitada o “preteltizada” por la clase política y empresarial deshonesta, se adueñen del presupuesto y roben dinero, haberes, bienes y rentas pertenecientes al Estado, borrando huellas de lo que hacen, abusando del poder y torciendo la ley en beneficio propio.
Colombia, donde mediante contratos y nómina se perpetúa un sistema de poder ilícito que afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones, debilita la institucionalidad, obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos y destruye el tejido social, obtiene en el Índice de Percepción de la Corrupción una calificación de 37 sobre 100, que la ubica en el lugar 90 entre 176 países. Según la Sociedad Colombiana de Economistas (2011), desde 1991 hasta el 2010, la corrupción le pudo haber costado al país el 4% del PIB; y pese a que gracias a la expedición del Estatuto Anticorrupción, las sanciones pasaron de 345 a 840 por año, el panorama continúa siendo desolador: en la actualidad solo uno de cada cuatro corruptos está purgando detención intramural y el promedio de condenas efectivas para los delincuentes de cuello blanco, no supera 2 años.
Si las causas de la corrupción, se asocian a falta de valores cívicos, debilidad institucional, falta de garantías de protección a testigos y carencia de información, entonces, además de restablecer el control previo en la contratación pública y de crear un sistema único de selección de contratistas entre otros instrumentos, tanto la ciudadanía como el sector privado y el sector público de manera activa, deberían combatir y sancionar los actos ilícitos con medidas ejemplarizantes que incluyan cárcel para prevenir el soborno y sanción moral por la adjudicación indebida de contratos y el desvío de recursos públicos; y exigir el acceso público y abierto a la ejecución del presupuesto por las entidades del Estado, la adecuada divulgación de la información pública sobre la oferta de programas sociales, y sobre todo el fortalecimiento del voto de opinión convocando a la sociedad civil para que desista del abstencionismo electoral y vaya a las urnas a derrotar la corrupción, la compra de votos y el clientelismo.