José Fernando Ortega Cortés

La semana pasada fue noticia de alta alcurnia la citación a interrogatorio a indiciado, al excandidato presidencial del Centro Democrático, que a nuestro modo de ver, no es de centro, ni democrático, sino más bien la mejor expresión de lo que en la actualidad se conoce como la "Nueva Derecha Cristiana", uno de cuyos principales mentores es en Colombia el procurador General de la Nación.

Como en nuestra realidad casi todas las situaciones sociales tienen que ver con el Derecho Penal, expongo unos criterios constitucionales y legales que sirven para una mejor comprensión de la referida citación. No desconozco que los fenómenos sociales ocurren dentro de un marco de relaciones de poder, de tal suerte que los mismos tienen siempre un contenido ideológico que hace que sean presentados y percibidos de una determinada manera.

Empecemos por aceptar que el delito no es un fenómeno de naturaleza abstracta sino valorativa, y que la manera como se presenten los hechos es determinante para su definición y valoración como delitos.

Quien define qué hechos son delitos es precisamente quien suministra la respuesta punitiva a los mismos: el legislador, este es el fundamento democrático del principio de legalidad de los delitos y de las penas. Por esa razón todo acto de la Fiscalía debe sujetarse a ese principio tan caro al Estado Social y Democrático de Derecho.

Ténganse en cuenta además que cualquier estudio que pretenda hacerse de un determinado fenómeno social debe contar con varios factores que intenten explicar y comprender cómo es y por qué es esa realidad.

Dentro de esos factores están los medios de comunicación, como elementos de creación y difusión del acontecer histórico de la sociedad. Se trata de medios "dirigidos a la masa, pero también que hacen masa", con los riesgos de manipulación y distorsión que ello implica.

Advierto, vivo inconforme con la manera como la Fiscalía aplica lo que no es más que una perversión del sistema penal acusatorio (que el pasado 1 de enero cumplió 10 años con ¡más pena que gloria!) sin embargo, el mandato constitucional y legal es claro "la Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar los hechos que revistan las características de un delito", y eso hizo la Fiscalía en el caso del hacker Andrés Sepúlveda. Además "si el fiscal tuviere motivos fundados de acuerdo a la evidencia recaudada para inferir que una persona es autora o participe de un delito" y si esa persona indiciada, no hace uso de sus derechos a guardar silencio y a no auto incriminarse, y "manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un abogado", eso hizo Zuluaga, es decir, ambos, el Fiscal y el excandidato actuaron orientados a obtener propósitos específicos ante los medios de comunicación.

Una cosa son las cosas tal como son y otra la manera como las muestran quienes tienen interés en reproducirlas y presentarlas a su amaño. Esta imagen manipulada de la realidad es lo que se denomina "realidad virtual", pero no la del hacker, no la del lenguaje computacional, sino la de los fabricantes de mundos falaces construidos por políticos profesionales que se creen patriotas impolutos, presuntamente sacrificados ahora por el flaco servicio prestado a su nación.

En esta encrucijada de la realidad detrás de la imagen, razón tuvo quien afirmó: "A los políticos se les ha concedido un poder que incluso a los dioses se les ha negado: alterar los hechos ya ocurridos".