El notablato político que se opone a la venta de Isagén no ha dicho una sola palabra sobre el anuncio que hizo el presidente de esa empresa al día siguiente de que el Consejo de Estado detuvo con medidas cautelares el proceso de venta. Se va de compras por América del Sur a ver qué empresas puede adquirir con los recursos de la empresa.

Está haciendo falta para invertir en proyectos prioritarios en infraestructura y este caballero va a utilizar los recursos que tiene Isagén para adquirir empresas en el extranjero en vez de participar en la financiación de las autopistas de la ANI. ¿Es esa la mejor manera de invertir sus excedentes cuando hay apremiantes necesidades insatisfechas en Colombia? ¿Es para que salgan del país a tomar riesgos innecesarios que los opositores a la privatización quieren conservar estas empresas en el ámbito del sector público?

Ninguno de los 12 senadores de cinco partidos políticos que presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para impedir la venta de Isagén con posterioridad a la medida cautelar, se ha preocupado por analizar el posiblemente detrimento de las finanzas públicas que puede tener esa decisión del presidente de Isagén.

Tampoco el venerable decano de economía de la Escuela de Ingeniería expresó en este caso la preocupación por la conservación del patrimonio público que lo llevó a poner a un lado sus conocimientos de evaluación de proyectos

para incursionar en el de las finanzas privadas, que no domina, para presentar un dudoso análisis sobre las consecuencias financieras de la venta de las acciones del Gobierno en Isagén (Eduardo Sarmiento en El Espectador, mayo 24 de 2015).

Su aversión a las privatizaciones o su reciente afiliación al Polo posiblemente oscureció su buen juicio. No tuvo la precaución de haber leído el artículo "Sí a la venta de Isagén" de Juan Benavides, miembro del consejo directivo de la ANI, que había sido publicado pocos días antes (Portafolio, mayo 19 de 2015) en el que se citan estudios que estiman que la razón de beneficio a costo de las autopistas estructuradas por la ANI es de 1,4 y que si se suman carreteras que en el mediano y largo plazo pueden contribuir a la descongestión, el beneficio podría aumentar en un 37 por ciento.

Otros estudios citados por Benavides dan cuenta de beneficios adicionales derivados de aumentos en las exportaciones y de incorporar al mercado nacional a regiones relativamente aisladas.

El mayor valor que genera vender las acciones de Isagén para invertirlos en autopistas y en carreteras es tan descomunal que no se explica cómo se llega a la conclusión de que con esa venta se induce una pérdida del patrimonio público.

Vender a Isagén para reinvertir ese dinero en carreteras promueve crecimiento económico, demanda agregada, exportaciones, empleo y competitividad del aparato productivo que aumenta la riqueza nacional por lo menos en 140 por ciento de lo que se invierte, y mucho más si se considera el múltiplo de apalancar varias veces el capital liberado por la venta con recursos de crédito. No vender esas acciones no produce riqueza adicional, pero es lo que desean este decano, por lo menos un expresidente, dos o tres distinguidas senadoras, y cerca de ochenta parlamentarios.

El caso es para siquiatras.