Hace muchos años, el expresidente Belisario Betancur (1982-1986), en una conferencia en Cali, habló del “proletariado profesional”, refiriéndose a los miles de muchachos que salen cada año de las universidades, para enfrentarse a un mercado laboral difícil; especialmente porque el hecho de ser “doctores” les genera limitantes salariales y de estatus. En Colombia, cualquiera que egresa de una universidad soplándole la tinta fresca a un título recién adquirido, es “doctor”. En otras partes, no se les llama doctores sino a los médicos. Los demás son ingenieros, abogados, arquitectos, contadores, administradores… A tal punto ha llegado el complejo, que se llama a cualquier despacho, público o privado, y al preguntársele a la secretaria por la señora Fulana de Tal, contesta pisado: La doc-to-ra está en una reunión, muy ocupada. 
Como de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, tal vez fue la Ley de Contratación la que dispuso, para proteger a los universitarios, que quien aspirara a un cargo, o a ejecutar un contrato de prestación de servicios, debía acreditar su idoneidad con un título académico. Dos efectos inmediatos causó la medida: La primera, que los autodidactas y empíricos fueron excluidos del mercado laboral. A un Secretario de Educación se le preguntó si él nombraría a Gabriel García Márquez profesor de literatura, y contestó rotundamente que no, porque no tenía título universitario que lo acreditara. Y la segunda, que aparecieron como por arte de magia universidades por doquier, incluidas las llamadas “de garaje”, que producen “doctores” en serie, de los que el académico, escritor y filósofo católico José María Martín Descalzo llamó “ignorantes ilustrados”. Muchas de esas “universidades” son fundaciones sin ánimo de lucro (para no pagar impuestos), creadas por políticos muy avisados, que con sus influencias consiguen auxilios oficiales. Los resultados son desastrosos: Uno de esos rectores, concejal de Bogotá, senador y embajador, en campaña electoral se robaba las tapas de las alcantarillas en los barrios de estrato seis, para instalarlas en los de estratos uno y dos, apareciendo como benefactor de esas comunidades. La rectora de otra de esas universidades está investigada por el asesinato de su marido, fundador de la institución. Y un tercero, para no citar sino tres casos entre los muchos que hay, es el de un exrepresentante a la Cámara, presidente en un período de esa unidad parlamentaria, y diputado a la Asamblea de su departamento, condenado, primero por tráfico de influencias, al conseguir auxilios oficiales para una universidad que él fundó y de la que era rector y propietario; y después por parapolítica, comprometido en una masacre de campesinos. 
Con egresados de universidades de esa calaña, a la sombra de los políticos, se maneja buena parte de la administración pública. Ellos “enmascaran su radical ignorancia con cosméticos y postizos de una cultura (…) que resulta sólo afeite y similor”*. Es decir, falsedad y simulacro. 
* Romero Flores, Hipólito Rafael. Biografía de Sancho Panza. Página 125.