El acuerdo sobre Reforma Rural Integral, el primero de los acuerdos a los que se llegó con las Farc, propone la creación de un Fondo de Tierras en beneficio de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. En Colombia hay 113 millones de hectáreas de las cuales 110,4 millones corresponden al área rural dispersa. A pesar de ser un factor naturalmente abundante, las fallas en la organización institucional de la ruralidad colombiana generan problemas de uso, tenencia y disponibilidad de tierras. Hay 22 millones de hectáreas aptas para la agricultura y usamos 7,1 millones. Además, tenemos 15 millones de hectáreas aptas para ganadería y usamos 34 millones. La tierra está mal aprovechada: 68% de la tierra apta para agricultura está siendo subutilizada mientras que 66% de la tierra dedicada a pastos corresponde a un uso inadecuado.

También hay fallas relacionadas con la mala administración de la información sobre las tierras. No hay claridad sobre el número de hectáreas que para el Fondo de Tierras provendrían de los baldíos indebidamente ocupados o apropiados, de la aplicación de la extinción de dominio, de la actualización y delimitación de la Reserva Forestal, y de las tierras expropiadas o las que eventualmente serían donadas para su distribución gratuita. 

En cuanto a los baldíos, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, hay 16 mil casos de acumulación indebida de tierras que corresponderían a 2,5 millones de hectáreas. El ministro reconoce que el inventario de baldíos en Colombia no está definido, aunque lo estima entre siete y ocho millones de hectáreas. Sin embargo, estas cifras son especulativas si se tiene en cuenta que el Incoder nunca llevó a cabo el censo de baldíos que le ordenó en 2014 la Corte Constitucional. Existe el Fondo Nacional Agrario conformado por bienes inmuebles que ingresaron al Incoder tras la liquidación del Incora -a los que se suman los adquiridos por el propio Incoder- y que ahora pasarían a la recién creada Agencia Nacional de Tierras. Las tierras de ese fondo no son baldíos sino predios adquiridos por diversas razones (por ejemplo sucesiones intestadas, compras hechas por el Incoder, y también algunos de los bienes provenientes de sentencias de extinción de dominio (aunque la mayor parte de éstos se encuentran a cargo de la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda). Según información reportada por el Incoder al portal Verdad Abierta, el Fondo Nacional Agrario tiene en total 4.837 predios que corresponden a 530.888 hectáreas.

En lo que se refiere a la extinción de dominio, la Contraloría señala que a 31 de diciembre 2014 había a disposición del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -que era administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y que con su liquidación pasa a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales- inmuebles rurales por valor de 386 mil 584 millones de pesos. Pero esa cifra también es especulativa porque la Sociedad de Activos Especiales solo dispone del inventario del 13,5 por ciento de la totalidad de los bienes entregados, incluyendo por supuesto, los inmuebles rurales. 

Finalmente, se trata no solo de un problema de información sino de creación del mercado. No hay mercado de tierras que funcione mientras 47,7% de los propietarios no cuente con título formal y mientras solo 56% de los predios tenga actualizado su catastro, tal y como lo advirtió la Misión Tributaria. Catastro y predial (el primero como condición necesaria del segundo), son indispensables para dinamizar el mercado de tierras en el país y volver a hacer abundante un factor que por fallas institucionales convertimos en artificialmente en escaso. La tributación en función positiva del tamaño del predio y negativa en función de su productividad es la estrategia más clara para resolver buena parte de los conflictos de uso y tenencia de la tierra. Hay tierra. El problema es que la usamos mal. Además, a pesar del Censo Nacional Agropecuario aún hay problemas graves de información, en particular sobre baldíos y sobre la extinción de dominio aplicada a inmuebles rurales. Más que un problema de tierras lo que tenemos es un problema político y de organización y gestión.