Las decisiones sobre la guerra y la paz y sobre la distribución de las cargas y los beneficios entre los miembros de la sociedad son, quizá, las más importantes en una comunidad política. Aunque se trata de asuntos diferentes y la relación entre ellos no es automática, no son del todo independientes entre sí. Lograr un acuerdo de paz con los competidores armados del Estado es condición necesaria para acabar la guerra, sobre todo cuando son bajas las perspectivas de una victoria definitiva en el corto plazo. Al final del gobierno anterior -y al inicio del actual- ya eran evidentes las señales de agotamiento de la estrategia de la “seguridad democrática”: Por ejemplo, entre 2010 y 2011, el número de víctimas del conflicto armado interno aumentó de 205 mil a 247 mil, ubicándose en un nivel similar al de 1998. Ese incremento continuó hasta 2013. 
El gobierno del presidente Santos asumió con pragmatismo y perseverancia la negociación con las Farc y logró lo que no pudo ninguno de sus antecesores: un acuerdo razonable con la guerrilla más importante del país. Está por verse si luego del plebiscito, un nuevo acuerdo, también razonable, puede ser alcanzado. Pero la paz no depende solamente de la firma de acuerdos. También hay que construirla. Construir la paz significa -entre otras cosas- modificar aquellos desequilibrios en la distribución de las cargas y beneficios en la sociedad que erosionan la cohesión social y el sentido de pertenencia, de los ciudadanos, a la misma comunidad política. En Colombia, esos desequilibrios son muy grandes: Juliana Londoño y Facundo Alvaredo concluyeron, con base en información fiscal, que el uno por ciento más rico de la población colombiana recibe 20,4 por ciento del ingreso total.
Carles Boix, profesor de la Universidad de Princeton encontró en 2008 que el riesgo de violencia política aumenta cuando coinciden una alta desigualdad en la distribución de la tierra y bajos niveles de industrialización. Hoy en Colombia, el coeficiente de Gini de distribución de la tierra es superior a 0,9 (siendo uno la concentración máxima) y el país se viene desindustrializando: En 1973 la industria representaba 23 por ciento del Producto Interno Bruto -PIB-. En los ochenta comenzó a disminuir significativamente esa participación y llegó, en 1999, a 15 por ciento. En 2002 era de 13,7 por ciento y en 2010, 12,7 por ciento. La cifra para 2015 es 11 por ciento. El sector agropecuario también viene declinando su participación en la economía: En 2002 representaba 8,11 por ciento y en 2015, 6,2 por ciento. El valor de las exportaciones del sector agropecuario y las del sector industrial en el primer semestre de 2016 cayeron 6,9 por ciento y 11,6 por ciento respectivamente con respecto al primer semestre de 2015. Que eso ocurra en un contexto de fuerte devaluación es evidencia clara de la absoluta ausencia de políticas sectoriales y de la negligencia de éste y del anterior gobierno para aprovechar productivamente la efímera bonanza minero energética. Esta situación arroja, ciertamente, demasiadas sombras sobre la relación entre construcción de paz y desarrollo. 
Es injustificable que ante la excesiva desigualdad en la tenencia de la tierra, la reforma tributaria que pretende ser estructural, no proponga impuestos prediales rurales que castiguen la concentración improductiva de la propiedad rural. También resulta indignante que con el elevado grado de desigualdad en la distribución del ingreso que hay en el país, la reforma se oriente, por un lado, hacia la disminución del salario real (aumento del IVA), mientras que, por el otro lado, crea el impuesto sobre los dividendos (y elimina el impuesto a la riqueza) con una tarifa de apenas diez por ciento y con una exención sobre dividendos distribuidos a otras empresas. El uno por ciento más rico recibe sus ingresos fundamentalmente de rentas y dividendos y no de salarios. 
Tenemos un Estado pequeño: Los ingresos tributarios del gobierno nacional representan apenas 14,2 por ciento del PIB. La construcción de paz requiere de una estatalidad capaz de proveer justicia, seguridad, infraestructura, salud y educación. Eso cuesta. Se necesita una reforma tributaria, pero la que se propone es injusta. No solo hay que hacer la paz, también hay que construirla.