La delegación de la guerrilla de las Farc en La Habana propuso varias iniciativas para el fin del conflicto armado. Varias, son necesarias. Sin embargo, la relacionada con lo que ellos llaman “territorios especiales de construcción de paz”, Terrepaz, está mal planteada. Es obvio que haya propuestas sobre garantías de seguridad para líderes de izquierda, para defensores de derechos humanos y para el movimiento político en el que se transformen las Farc. No hay que perder de vista los antecedentes del exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, ni el histórico despliegue de estrategias contrainsurgentes que con la lógica de quitarle el agua al pez, han reprimido la acción de organizaciones sociales y estigmatizado reivindicaciones populares, incluso, a veces, sin el pez en el agua. El acompañamiento internacional también es pertinente y, de hecho, es lo habitual en la implementación de los acuerdos de paz en otros países. 
El problema está en el punto sobre los “territorios especiales de construcción de paz”. Se trata de las zonas que corresponden a la retaguardia histórica de las Farc en donde se presume están sus bases sociales. En su propuesta, proscriben la presencia de la Fuerza Pública en esas zonas y plantean que los planes y medidas que allí se pongan en marcha sean “construidas en forma concertada con la organización política surgida del paso de las Farc-EP a la actividad política abierta, y los ciudadanos vecinos de tales territorios y sus organizaciones”. 
Lo anterior está mal planteado por dos razones. Primero, es cierto que en varias regiones la Fuerza Pública ha operado -en no pocas ocasiones- más como un ejército de invasión que como garante de los derechos de los ciudadanos y varias comunidades han conocido sólo la cara represiva del Estado. Pero frente a ello lo que corresponde es una transformación efectiva de la doctrina y la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas para erradicar los remanentes de la lógica contrainsurgente del enemigo interno -como en forma acertada lo planteó el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército Nacional- y no que el Estado se inhiba de proveer seguridad en un escenario de post-acuerdo en el que otros grupos armados y manifestaciones criminales buscarán llenar el vacío de poder armado que deje la desmovilización de la guerrilla. 
Segundo, es falsa la sinonimia implícita en la propuesta entre Farc y comunidad. Una cosa es que la guerrilla cuente con cierta base social en esos territorios y otra, muy diferente, que represente la voluntad popular en esas zonas. Me parece que esa identificación errónea es algo que le hace daño, por ejemplo, a las Zonas de Reserva Campesina que están consagradas en el capítulo XIII de la ley 160 de 1994 y reglamentadas por el decreto 1777 de 1996. Se trata de una figura legal cuyos objetivos son la estabilización de la población para contener la expansión de la frontera agraria, el ordenamiento ambiental del territorio acorde con sus características agroecológicas y la defensa y promoción de los modos y medios de vida del campesinado. Esas zonas no son de las Farc ni tienen porque serlo. En ese sentido discrepo muy respetuosamente de la asociación entre los Terrepaz y las Zonas de Reserva Campesina insinuada por el sociólogo y escritor Alfredo Molano en reciente columna publicada en El Espectador. 
No se puede perder de vista que la guerrilla, en lo que podríamos llamar una lógica contrainsurgente a la inversa, ha asumido la autonomía de líderes sociales y campesinos como un desafío a su autoridad y ha desplegado arbitrariamente su fuerza contra ellos. Coincido con Alfredo Molano en que la lógica de la desmovilización no debe ser la de la dispersión de los desmovilizados, sino la de la transformación de las Farc en una fuerza política legal y organizada. Eso requiere la adopción de medidas para promover su acceso al sistema político como las contempladas en el acuerdo sobre participación política. Pero ello no puede conducir a la proscripción del pluralismo político en algunas regiones. Por supuesto, es racional que la guerrilla hale la cuerda con fuerza para su lado. Pero la firma del acuerdo requiere racionalidad y razonabilidad.