Otro paro agrario fue levantado hace pocos días. El círculo vicioso de protesta social e incumplimiento de los acuerdos firmados es aún más viejo que la propia república. Cuando veinte mil rebeldes comuneros -muchos de ellos provenientes de la provincia de Guanentá- amenazaron en 1781 con avanzar desde Zipaquirá hacia Santa Fe, el arzopisbo virrey Antonio Caballero y Góngora se apresuró a aplacar la rebelión accediendo a treinta y cinco demandas presentadas por ellos. Todos sabemos el desenlace de esa historia: los acuerdos no se cumplieron y los rebeldes fueron brutalmente reprimidos tras haberse dispersado. 
Hoy sería inconcebible que los funcionarios del Estado hicieran con alguno de los líderes de las movilizaciones campesinas, lo que las autoridades coloniales españolas hicieron con José Antonio Galán y otros rebeldes. Sin embargo, ni la violencia contra los representantes de las organizaciones sociales ha desaparecido, ni se ha roto la tradición gubernamental de incumplir lo pactado. En no pocas ocasiones, se pacta lo que no se tiene intenciones de cumplir o lo que no depende de la voluntad de quienes se comprometen a nombre del gobierno. En otros casos, el cumplimiento apenas parcial de algunos de esos acuerdos conduce a una dispersión ineficiente del gasto, manteniendo intactos los problemas estructurales de falta de acceso a bienes públicos en las zonas rurales y dejando las puertas abiertas para la siguiente movilización. Se firma con el afán de lograr el levantamiento de los paros lo antes posible, desbloquear las carreteras y regresar a la normalidad. Para el campesino, ese regreso a la normalidad significa volver a la exclusión cotidiana, al hambre y a la frustración de todos los días. Para el funcionario, representa ir de nuevo a su oficina a administrar el clientelismo de todos los días y a esperar que se prenda el siguiente incendio. 
El conflicto social en Colombia no está blindado contra la violencia. La muerte de tres líderes indígenas en el más reciente paro es una muestra elocuente de ello. Lo peor es que esas tres muertes parecen no haber llamado la atención del país. Que nos parezca normal que donde hay conflictos sociales haya muertos es un dato que indigna y preocupa muchísimo. Preocupa porque los analistas tienden a coincidir en que, tras la firma de los acuerdos de paz en La Habana, habrá un aumento exponencial de la conflictividad social. Lo que esperaríamos es que los conflictos sociales puedan desplegarse con intensidad pero sin violencia. La esperanza es que sin el conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla, las organizaciones sociales no se vean ni colonizadas por los guerrilleros u otros intereses armados, ni estigmatizadas por plantear reivindicaciones legítimas. 
Preocupa también la tradición meramente reactiva del Estado colombiano. La tradición de paros, incumplimiento de acuerdos -o cumplimiento parcial con la erogación improvisada de recursos que no resuelve nada- es un síntoma de la baja capacidad del Estado para ofrecer y articular espacios que permitan que la acción colectiva de las comunidades y los conflictos sociales, se desplieguen y encuentren una respuesta institucional cercana, y no un “bombero” que llega desde Bogotá. 
El tema del ordenamiento territorial sigue siendo un asunto pendiente. No se trata solo de llevar el Estado a las regiones sino de construirlo en ellas. En los ochenta, el auge de los llamados paros regionales condujo a que se planteara la descentralización enfocada hacia lo municipal como la respuesta apropiada. Sin embargo, que la gente se movilice reclamando la atención del gobierno nacional, demuestra que esa no era la estrategia acertada. La gente sigue viendo al Estado como algo lejano. Se espera que las soluciones lleguen desde arriba porque no hay una infraestructura estatal en los territorios capaz de tramitar las demandas sociales, arbitrar los conflictos y promover la concertación social. Paradójicamente, en las regiones más pobres y conflictivas del país, la descentralización municipalista alejó al Estado de la gente y convirtió a los conflictos sociales en meros incendios, despojándolos de su potencial como creadores de sociedad y fuente de valores democráticos. La vitalidad de las sociedades pluralistas -afirma el filósofo francés Marcel Gauchet- reside en su capacidad para hacer de los conflictos una fuente de cohesión social.