Al finalizar el año pasado la administración Rojas entregó balance del Macroproyecto San José, tras siete años de ejecución. Las cifras lo demuestran todo. El proyecto tiene comprometido hasta el 2019 más de $272 mil millones, de los cuales el 60% están destinados para la construcción de la Avenida Marcelino Palacio, el 21% para la expropiación de predios y el 19% para la construcción de VIS y VIP. Claramente el Macroproyecto San José no es un proyecto orientado a la construcción de vivienda para los habitantes y tampoco es de “interés social” puesto que las mayores inversiones (81% en total) están orientadas a construir una avenida que busca mejorar el anillo de movilidad de un centro comercial y valorizar predios para beneficio privado. Todo ello con el dinero de los contribuyentes.
Las ejecutorias hasta el año pasado son menos tranquilizantes. En la construcción de la Avenida Marcelino Palacio se han comprometido el 37% de los recursos, el 47% en compra de predios, mientras que para la construcción de viviendas en el barrio La Avanzada se invirtieron más del 50% de los recursos. Y tan solo se han entregado 24 apartamentos en siete años. Basta hacer esta triste y desgarradora comparación: en Pereira, con solo $10 mil millones, el Macroproyecto “Ciudadela Gonzalo Vallejo Restrepo” entregó 2.433 viviendas entre 2009 y 2015. En San José van más de $26 mil millones invertidos en vivienda y todavía pasará un año más para que entreguen al menos 264 nuevos apartamentos.
Las acciones que ha emprendido la administración Cardona en lo que va corrido del año y el futuro del Macroproyecto San José en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, multiplican nuestras preocupaciones. Los suprapoderes que le entregó el Concejo de Manizales al alcalde para hacer expropiaciones por vía administrativa, con el desafortunado apoyo de la bancada verde, no hacen sino confirmar que se profundizarán las estrategias de gestión urbana que tienen en crisis al Macroproyecto. Un modelo basado en atentar contra el derecho de propiedad de los habitantes de la comuna, bajo el falso argumento del interés social y el verdadero propósito del beneficio privado. Los predios a expropiar están localizados en la zona mixta y servirán para completar el proceso de integración inmobiliaria para salir a vender dichos predios a los privados. 
Doña Nelly Ramírez Echeverry de 84 años de edad, es una de las recientes víctimas del proceso de expropiación. Sin importar su condición y el derecho superior de proteger a los adultos mayores, la ley la sacó a patadas de su casa con el menguado dinero correspondiente al valor catastral de su vivienda. Ahora pasa sus últimos días en una casa de arriendo, ante la mirada indiferente del gobierno, de los jueces, de la sociedad y de los organismos oficiales que deberían proteger el derecho elemental a la vida digna de una abuelita y a tener un techo propio donde poder descansar tranquila luego de haber entregado su vida a la ciudad y a la crianza de sus hijos. ¡No hay derecho!
La administración Cardona está demostrando que pasará de agache frente a la crisis del Macroproyecto, pudiendo abanderar la urgente tarea de su reformulación en sentido democrático. 
El giro que este macroproyecto debería tener para que no siga siendo uno de los mayores ejemplos de violaciones recurrentes a los derechos humanos, al derecho a la propiedad que este Estado tanto dice defender y a una vivienda digna que no implique el desplazamiento intraurbano de sus habitantes, debería buscarse a través de las siguientes medidas urgentes:
Suspender la expropiación como primera y única opción de gestión predial. En su defecto, implementar la cooperación entre partícipes, convirtiendo a los propietarios del suelo en socios del proyecto. Avanzar en el desarrollo de la zona mixta mediante Planes Parciales para recuperar las plusvalías urbanas ya generadas por el Estado, orientadas a su redistribución dentro de la misma Comuna mediante la financiación de colegios, parques, centros de salud, y un plan de mejoramiento integral de barrios. Modificar el objeto de la ERUM para que deje de ser una agencia inmobiliaria y se convierta en una verdadera agencia de planeación y gerencia del macroproyecto.