Dos temas han tenido a todas las iglesias, incluyendo a la católica, en el centro del debate político actual: su participación en el plebiscito del 2 de octubre, que favoreció el triunfo del “No” y el anuncio de una reforma tributaria, que nos recuerda que las iglesias tienen enormes exenciones de impuestos.
Empiezo por el segundo. Hace ocho días el Espectador publicó “Impuestos para las iglesias”, editorial en el que afirma que en Colombia hay más de 7.000 iglesias con RUT. Su patrimonio bruto suma $10 billones. Algunas de ellas, por supuesto, se dedican a labores sociales y humanitarias, como lo hacen también organizaciones laicas que no reciben idéntico beneficio tributario, lo cual no se entiende en un país que desde 1991 promulgó en su Constitución Política la separación entre Iglesia y Estado.
(Un paréntesis para recordar que la separación Iglesia-Estado es un triunfo de las democracias occidentales y no un retroceso comunista o castrochavista como lo quieren vender algunos fanáticos político-religiosos. Un ejemplo del peligro de unir Iglesia y Estado es el Estado Islámico o Isis, que junta los intereses de una religión con los asuntos políticos en un califato y así justifica su guerra cruenta, en nombre de dios, tal y como ocurrió en las Cruzadas cristianas contra los musulmanes en la Edad Media. La historia suele repetirse y la humanidad suele olvidar).
Retomemos: da El Espectador cuatro argumentos para eliminar las exenciones tributarias a las Iglesias. Es una paradoja que las iglesias digan defender los intereses de los pobres, cuando son los pobres los más afectados por reformas tributarias que necesita el gobierno cada tanto para cuadrar su caja. Una buena defensa de los pobres sería que los más ricos, incluyendo las iglesias, tributaran en condiciones de equidad, entre otras cosas porque, como concluye El Espectador “algunas iglesias se han convertido en espacios de participación política activa. Eso no es malo, pero si la organización de los cultos se va a utilizar para intervenir en los asuntos de la democracia, ¿no deberían entonces someterse a las reglas que cumplen todas las otras organizaciones con facetas políticas?”.
Y ahí viene el otro tema de debate. Si algo nos enseñó el plebiscito es que el cuarto poder no son los medios de comunicación. Gran parte de los columnistas argumentamos a favor del “Sí” y la posición editorial de muchos medios, incluyendo LA PATRIA, fue esa. Ganó el “No” y no creo que eso signifique que pierden los medios. La coherencia ideológica en defensa de los principios más importantes de una sociedad libre implica a veces ser minoría y eso no significa estar equivocado. Ya lo dijo Jorge Luis Borges: “La democracia es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística”, y lo cito pensando en la teoría del “Estado de Opinión” que en épocas del presidente Uribe defendía su ideólogo José Obdulio Gaviria. Según ellos, el “Estado de Opinión” era una fase superior del “Estado de Derecho”. ¡Ay!
Después del poder ejecutivo, legislativo y judicial, en Colombia que es un país laico pero devoto el cuarto poder son las iglesias. El papa Francisco invitó a votar por el “Sí” pero buena parte de su rebaño no le hizo caso. Un amigo oyó en misa al párroco que usualmente predica el perdón y lo de poner la otra mejilla, invitando a sus feligreses a “votar a conciencia”. Dijo el cura que la única paz verdadera la da Dios, y por si las moscas aconsejó que si tenían dudas era mejor no votar. ¡Ay!
Eso para no hablar de las mentiras de la ideología de género y de todos los temas que se mezclan con la paz, juntando peras con manzanas con el único fin de sembrar confusión y desinformación, como ya lo confesó el buen muchacho Juan Carlos Vélez Uribe. Otra vez ¡Ay!
Mientras en el Siglo XIX los presidentes liberales José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera tomaron medidas drásticas para reducir el poder de la Iglesia, hoy la senadora liberal Viviane Morales defiende un referendo vergonzoso, de la mano de las iglesias, para prohibir la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Y es que aunque somos un estado laico, con libertad de cultos, incluyendo la de no creer en dios, este país del Siglo XXI tiene rasgos de un conservadurismo que sorprende. No se trata solo de los privilegios tributarios de las iglesias, sino de su enorme poder en ciudades medianas y pequeñas en donde la educación pública sigue estando administrada por comunidades religiosas. Ojalá la separación Iglesia-Estado que consagra nuestra Constitución pase del papel al hecho y se traduzca en decisiones estatales que nos permitan tener una sociedad más racional y menos fervorosa.
Pie de página: Anunció Mauricio Lizcano por Twitter: “durante muchos años luchamos contra la coalición yepobarquista. Ahora seguiremos luchando contra la nueva coalición Penagos-Mario Castaño”. ¡Ay!