Uno de los capítulos de la reforma tributaria establece el alza del impuesto al consumo de cigarrillos. Y aunque en lo particular no me afecta porque hace más de 15 años tomé la sabia decisión de dejarlo, conviene analizar el impacto que la medida puede ocasionarle a las arcas del Estado y principalmente a la salud de los colombianos.
Hoy se cobra un impuesto de $701 por cada cajetilla de 20 unidades; pero con la reforma tributaria se plantea incrementarlo a $2.100, por lo que el precio de la cajetilla más vendida en Colombia pasará de $3.000 a $4.600. Es decir que si sumamos el impuesto al consumo más el componente ‘advalorem’ del mismo, resultaría que más de la mitad del vicio corresponde a impuestos.
Pero hay que decirlo con claridad: la medida es sana en su intención. Esto es, le apunta a reducir el consumo y de paso proteger la salud de los colombianos. Pero otra cosa muy distinta son las consecuencias indeseadas que en la práctica trae consigo. 
No resulta apropiado combatir el consumo atacando la oferta con un alza de impuestos. Se ha demostrado a través de la experiencia que ello incentiva el mercado negro de cigarrillos, lo que en palabras sencillas se denomina contrabando. Basta ver la experiencia de Centroamérica. 
En un reciente estudio denominado “Comercio ilícito de cigarrillos en Centroamérica” elaborado por la empresa CID Gallup Latinoamérica y publicado por la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio, se demuestra que “entre algunas de las razones principales para que este comercio ilícito haya crecido tan aceleradamente está que las políticas de reducción del consumo promovieron legislaciones que elevaron el precio del producto, particularmente vía impuestos selectivos, lo cual hizo que los productos ilegales fueran más atractivos a nivel de precio principalmente para las familias de menores ingresos”.
Un hecho incontrovertible. Más bien, en vez de combatir el consumo atacando la oferta con mayores impuestos, lo que debería hacerse con mayor énfasis es atacar la demanda con campañas educativas y medidas prohibitivas a la publicidad de cigarrillos. Claro está que la prohibición de fumar en espacios públicos, restaurantes y bares desincentiva el consumo con mucha efectividad; basta con ver a amigos y familiares que por evitar ‘sentirse excluidos’ han optado por dejar el vicio.
Ahora bien, si se pretende, como lo han expresado los ministros de Salud y Hacienda, subir este impuesto para recaudar nuevos recursos por $500 mil millones en 2017 y 1 billón para el 2022, para inyectarlos al sistema de salud, habría que analizar la medida a la luz de dos grandes elementos: el primero, el contrabando que acabo de mencionar, que muy probablemente generará el efecto contrario, es decir un menor recaudo del tributo; y el segundo, por los efectos nocivos que traería para la salud el consumo de cigarrillos ilegales de bajo precio, procedentes de China e India, con altos y nocivos niveles de cadmio, plomo y otras sustancias químicas; es decir que el efecto para el sistema de salud sería desastroso por lado y lado.
El estudio atrás referido concluye: “Las grandes sumas que los Estados dejan de percibir en razón de impuestos alcanza cifras multimillonarias, las cuales engrosan las arcas de los criminales, mientras favorecen la corrupción en diversos niveles y escalas, y amenaza seriamente la salud pública, al no cumplir con las regulaciones y controles sanitarios ni aduaneros”.
Palabras más, palabras menos, la medida anunciada podría traducirse en menor recaudo de impuestos, mayor contrabando y mayores problemas de salud. Es decir, que el remedio recetado por el gobierno resultará peor que la enfermedad.