Produce aliento la consigna de equidad educación y paz que parece identificar el rumbo del nuevo gobierno Santos, porque en ella pareciera que por fin se tuviera claro el camino hacia el logro del Estado social, hasta ahora medio perdido por cuenta del neoliberalismo en que venimos sumidos.

Cuando la Constitución de 1991 reconoció el modelo social de nuestro Estado superó el del Estado liberal, y por tanto correspondía, de acuerdo con ese viraje: sustituir el “dejar hacer y dejar pasar propio” de la indiferencia liberal, por la intervención de buena parte de las relaciones económicas y sociales en función, ya no de la igualdad formal, sino de proteger con mayor intensidad a los débiles. La equidad, que caracteriza el Estado social, por tanto, no supone dar a todos por igual, sino discriminarlos en función de la marginación de la que han sido víctima los excluidos. Esto supone un mayor respaldo a los desprotegidos en relación con los llamados derechos sociales, vale decir, salud, educación, acceso a vivienda, protección laboral y en general de su economía, lo cual se conoce genéricamente -con varios matices- como Estado de bienestar o prestacional.

Pero, como al parecer llegamos tarde al Estado social, ya que nosotros lo abrazamos con la Constitución Política de 1991 cuando el mundo lo desmontaba desde 1989 a partir de la caída del muro de Berlín, aquel papel del nuevo Estado se vio truncado por la forma liberal en que continuó manejándose nuestra economía y como consecuencia las casi totalidad de las leyes que se han expedido lo han sido de naturaleza liberal; con lo cual ponemos en evidencia la esquizofrenia en que vivimos: con una Constitución de corte prestacional pero con una legislación y economía de estirpe liberal, en la cual sucumben los modelos de salud y educación, y por tanto las aspiraciones de todos los que necesitan discriminación positiva, quienes sólo han encontrado en la acción de tutela y en la decisión de algunos jueces, un pequeño espacio de reivindicación.

El derecho a la educación en el modelo social supone, en primer término que deje de mirarse como un negocio del cual pueden lucrarse los particulares y se conciba como un derecho universal a cargo principalmente del Estado, el que mediante educación pública atienda las expectativas de todos, no sólo de quienes los obtienen más altos puntajes, ya que justamente los que tienen menores rendimiento son los que deben ser discriminados positivamente con mayor intensidad. En segundo lugar que el Estado -osea todos nosotros- defina qué tipo de educación requiere el país, cuántos profesionales de cada área, qué tipo de formación se hace pertinente, cuántos y en qué campos son necesarios técnicos y tecnólogos, y de esa manera intervenga el mercado prestando el servicio de educación pública y controlando a la privada. Pero además, teniendo claro que la educación es el mejor camino para lograr la movilidad social, que los subsidios y toda la cantidad de recursos que se destinan en este modelo incoherente a la caridad pública por medio de distintos tipos de programas, estén condicionados a que en las unidades familiares beneficiadas, al menos alguno de sus integrantes esté en proceso de formación y que el tiempo de tales subsidios esté limitado al de dicho proyecto educativo para que otras familias puedan acceder luego a las mismas oportunidades.

Así comienza a volverse coherente el modelo del Estado social que tenemos derecho a disfrutar hasta la consolidación de una gran clase media, con el escenario de paz con justicia social que soñamos y que creemos de manera optimista que comienza a gestarse.