Nunca he podido encontrarle lógica ni razón a las posturas, todas intransigentes y fascistas de los antitaurinos y ahora teñidas de anarquismo dado su carácter de abierto enfrentamiento con los mandatos legales que rigen nuestro estado de derecho.

La última y por demás peligrosa salida en falso de estos grupos, que pareciera va encaminada a buscar una Babel institucional, es la de desconocer leyes, fallos, conceptos y sentencias que a través del tiempo se han venido emitiendo por parte de las autoridades, entidades, cuerpos colegiados o instituciones a quienes en determinado momento o instancia les ha correspondido intervenir en asuntos que tocan el tema de la tauromaquia y que son los que rigen y protegen esta actividad en Colombia. La "perlita" no es otra que atreverse proponer un referendo en Bogotá para que sus residentes voten sobre la continuidad o no de la Fiesta de Toros en la capital de la República.

Da la impresión, cuando se analizan posiciones como la que te estoy refiriendo, que la lucha de estos animalistas es otra bien distinta a la de "proteger" a los toros de lidia y más bien va encaminada a lograr un caos político dentro del Estado al buscar, a través de mecanismos no idóneos, que de manera "pseudo legal" se desconozca la real validez de la normatividad vigente. Este asunto reviste la mayor gravedad pues si este tipo de acciones llegasen a prosperar, ello se convertiría en un nefasto ejemplo que podrían seguir todos aquellos grupos sociales que pretendieran imponer puntos de vista, querencias o malquerencias, gustos o caprichos, simple y sencillamente pasándose por la faja las jerarquías de nuestro ordenamiento jurídico que, aún cuando a veces cojea, sigue siendo sólido cimiento de nuestra democracia.

Ha sido relativamente afortunada para el establecimiento la posición recientemente manifestada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el sentido que no se puede llevar a cabo, por el momento, la consulta popular antitaurina por falta de tiempo y de recursos. Y digo que la fortuna es solo relativa porque evitó que esa acción se materializara; sin embargo no se mencionó que el quid de la cuestión no es que haya o no tiempo y dinero para montarla, sino que es inadmisible que el Concejo de una ciudad se preste para contravenir mandatos legales superiores, o para hacerle el juego al burgomaestre de turno de modo que este le imponga a una parte del colectivo social sus personales preferencias frente a una determinada actividad, cuando esta está avalada por la ley.

Y una inquietud final me ronda. ¿Qué clase de gente, qué tipo de colombianos o de ciudadanos son el señor Alcalde Mayor de Bogotá y los grupos de antitaurinos que lo apoyan (y azuzan) que están dispuestos a que la ciudad incurra en un gasto, que a decir del registrador encargado Alfonso Portela podría superar los treinta y cinco mil millones de pesos, para llevar a cabo esta consulta? En la Santamaría se lidian treinta o cuarenta toros al año y con esa fiesta es con la que quieren acabar. Yo me pregunto: ¿A cuántos niños, ancianos, indigentes y/o pobres de solemnidad podría mejorarles la vida una suma de dinero como esa? Será que es de algún modo aceptable gastarse treinta y cinco mil millones de pesos para contravenir las leyes de la República y adicionalmente tratar de acabar con la muy tradicional actividad taurina del Distrito Capital, que entre otras se constituye en la sana entretención de una selecta minoría, cuya sensibilidad le permite captar y procesar el mensaje cultural y artístico que derrocha la Fiesta de Toros?

Añadido: Me asombra la capacidad de los funcionarios para dar declaraciones plagadas de vacíos en lo fundamental de los temas, que pronto llenan con decisiones secretamente tomadas. Nos cambian las reglas del juego, repiten las acciones fracasadas y como borregos lo aceptamos. No olvidemos que la paz es de todos y no del gobierno de turno.