Manifestó recientemente en el Senado de la República el expresidente Álvaro Uribe, que existe la voluntad de contribuir a un acuerdo nacional en torno a los mecanismos adecuados para implementar constitucional y legalmente un acuerdo al que se pudiera llegar en los diálogos de La Habana. Esto con el mejor ánimo constructivo y propositivo, no como apresuradamente algunos interpretaron las palabras del expresidente, como un acto para montarse en el proceso. 
Quedó la pregunta para la discusión y el debate, si no es más práctico y transparente para el país que una constituyente, limitada en materia de justicia transicional, reforme o adicione la legislación al respecto y además la ratifique. Esa eventual constituyente permitiría superar el peligro que representa el acto legislativo que se tramita en estos momentos y el cual fue aprobado en el segundo de ocho debates. Eliminaría esta constituyente, el que sea este acto legislativo un mal precedente para que se sigan utilizando mecanismos extraordinarios y expeditos para legislar y reformar la constitución no solo sobre temas específicos, sino sobre el universo de los temas que abarcan las leyes y la constitución. La Corte Constitucional con claridad absoluta ha manifestado que reformar la constitución tiene sus límites y que el poder derivado que es el Congreso no puede sustituirla. 
Las propuestas para un diálogo que permitiera un acuerdo nacional están sobre la mesa: la elegibilidad, que podría dejarse como está en la Constitución del 91 con las restricciones que se establecieron en el marco jurídico para la paz. El castigo puede y debe ser disuasivo, la justicia transicional no tiene por qué eliminarlo, debe existir una pena que no consista solo en una labor de reparación a las víctimas. El que la pena y el castigo sean disuasivos logrando evitar mal ejemplo hacia el futuro. Se propone que ante el tribunal que se crearía, los miembros de la fuerza pública no se vean obligados a confesar como delitos sus actos en defensa de la Nación. No se ha explicado razonablemente que unas organizaciones de izquierda internacionales pudieran tener injerencia participativa en el tribunal, ya que con amplitud y sesgo evidente se han pronunciado tomando partido en contra de la institucionalidad, lo que a todas luces indica que no serían imparciales. 
Los ponentes del proyecto actual eliminaron el exabrupto de guerrilleros participando en la comisión legislativa especial, pero ya el ministro del Interior ha insinuado que en cualquiera de los otros seis debates se puede revivir esta idea, al mejor estilo de rectificación de Santos. Lamentablemente esto siempre es a cuenta gotas, y terminó la semana con otra rectificación de parte del Gobierno y los negociadores en cuanto a la refrendación. Se tramitó mensaje de urgencia para en tiempo récord darle vida a un plebiscito exprés eliminando los mínimos de participación para ser aprobado y con toda seguridad planteándole a los colombianos una sola pregunta general que esconderá toda la letra menuda de los acuerdos. Pero lo más inquietante durante estos últimos días fue la declaración de algunos congresistas, quienes en clara condescendencia con las Farc, reclamaron por la presencia del ejército en zonas que según ellos son de dominio de estas. No es posible que ahora también tengamos que acuartelar a nuestras fuerzas armadas por petición de los terroristas que aún no han aceptado ni firmado acuerdo definitivo alguno, ni se han desmovilizado, ni han dejado las armas, precisamente cuando el ministro de Defensa anunciaba que no se estaba dando cumplimiento total de la tregua unilateral por parte de los bandidos armados. 
Así es muy complicado establecer consensos o acuerdos nacionales, lo que se trata, al parecer, es de imponernos a como dé lugar una supuesta paz negociada sin consultar de manera efectiva la voluntad del pueblo colombiano. Santos seguirá empecinado en llenar de privilegios a los narcoterroristas y firmar con ellos un acuerdo a como dé lugar y al precio que sea; así tenga que darles curules en el Congreso y Timochenko (de quien Santos dice “es una persona muy agradable que puede ser presidente de Colombia”) se convierta en jefe de Estado con su ayuda y de los millones de dólares y el poder terrorista que posee el cartel de narcotráfico más grande del mundo. El Centro Democrático seguirá insistiendo en el peligro de este proceso, continuará reclamando verdad sobre lo que se está negociando o entregando, será la barrera democrática que trata desde el Congreso y ante la opinión pública de impedir que estos eventuales acuerdos no lleguen más lejos en materia de impunidad y elegibilidad y no pongan en riesgo la libertad y los valores democráticos de nuestra Patria.