Violando nuevamente el juramento que hizo durante la campaña presidencial en 2010 de no subir impuestos, Juan Manuel Santos presentará en los próximos días su tercera reforma tributaria con el propósito de descargar la crisis económica sobre los trabajadores, las clases medias y el empresariado nacional.

El mal momento económico del país es producto del estallido del pésimo modelo económico aplicado desde hace 25 años y que los gobiernos le han vendido a los colombianos bajo una idea peregrina y colonial: el país debe vivir de la minería y el petróleo ya que de allí salen los dólares que necesitamos para comprar los alimentos y las mercancías que hemos dejado de producir. La caída estrepitosa de los precios del petróleo y de materias primas como el oro explican en gran medida la bancarrota de la economía nacional y han propiciado efectos lesivos como el déficit fiscal, que según la Contraloría General de la República alcanzó los $30 billones de pesos en 2015 (3,73% del PIB).

Como es costumbre, el gobierno nacional pretende buscar salidas a la crisis aplicando las mismas fórmulas que nos han llevado a ella. Por eso no extraña que las recomendaciones de la OCDE, que ya propiciaron la entrega del sector licorero nacional a las trasnacionales gringas y europeas a través de la Ley de Licores, sean los ejes orientadores de la nueva reforma tributaria. Entre las peticiones de la OCDE hay tres pilares para incrementar de forma rápida y segura el recaudo tributario en el país: incrementar el IVA, ampliar el universo de personas que declaran renta y aumentar el impuesto a los combustibles.

El IVA es quizás el impuesto más regresivo e inequitativo porque grava a todas las personas por igual, independientemente de su situación económica, sus propiedades o su capacidad de ahorro. Y es que mientras las personas de bajos recursos usan todos sus ingresos en gastos de primera necesidad (salud, transporte, alimentación, arriendo, etc.), los más pudientes tienen la posibilidad de ahorrar o invertir, razón por la cual el cobro de este impuesto significa para los primeros menos comida, vestido o transporte y para los segundos menos ganancias o ahorros. Por eso la propuesta de que se eleve del 16% al 19% y que productos que están exentos hoy como la leche, los huevos, la carne, el arroz, el maíz, los libros y el internet, empiecen a pagar otras tasas, constituye un ataque directo a las clases medias y bajas que sentirán con mayor vigor esta medida ya que diariamente se debaten entre los malos empleos, el desempleo o el rebusque.

Con el aumento de la base gravable del impuesto a la renta se pretende poner a tributar a las personas que ganen más de $1 millón y medio de pesos, lo que generaría de entrada que tres millones de colombianos empiecen a pagar este impuesto. Docentes universitarios ocasionales y catedráticos, profesores recién enganchados al magisterio, obreros industriales, comerciantes o transportadores de diverso tipo, que no son ningunos magnates sino asalariados con condiciones medianamente dignas, tendrán que empezar a declarar.

Por último, el incremento que se plantea sobre los combustibles sigue el mismo patrón. Actualmente, el 92,7% de los automóviles pertenece a personas de estratos 1, 2, 3 y 4 (78,6% a personas de estratos 1, 2 y 3), por lo que resulta un engaño afirmar, como lo han hecho voceros del gobierno, que este incremento golpeará a los súper ricos que tienen carro en Colombia.
Con la reforma tributaria, Santos hará un nuevo intento para descargar la crisis sobre los ciudadanos que no la generaron. Es tiempo propicio para que el 90% de los colombianos afectados por estas políticas se movilicen masivamente para evitar que se siga apretando el cinturón de los más débiles en beneficio de los poderosos.