Una de las peores decisiones que se han tomado en los últimos años en la Industria Licorera de Caldas fue haber cerrado la planta de destilación. Hoy, se evidencia que los efectos han sido nefastos para la empresa y se empieza a demostrar que las razones dadas para el cierre fueron falsas y carentes de rigor.

La Junta Directiva de la empresa ha asegurado que la planta de destilación fue cerrada por 4 razones: 1) un estudio técnico de Carboetil lo recomendaba, 2) Corpocaldas podría sancionar a la ILC, 3) la importación de materias primas permitiría disminuir costos, y 4) la calidad de los productos de la ILC no variarían.

En oficio del 23 de febrero de 2016, la Contraloría General de Caldas le remitió al gerente de la ILC un informe de las auditorías y actuaciones especiales llevadas a cabo por esta entidad en la empresa en los últimos meses. Frente a las recomendaciones de Carboetil, la Contraloría aseguró que el análisis de dicha empresa se elaboró el 24 de junio de 2014 pero la decisión de cierre de la planta de destilación fue tomada el 24 de febrero de 2014, es decir, 4 meses antes de que se conocieran las conclusiones del estudio. O los miembros de la Junta son clarividentes o apuraron el cierre irresponsablemente. Este hecho llevó a que la Contraloría señalara que “la decisión de cierre de la planta de destilación se tomó sin contar con estudios técnicos, financieros, económicos, jurídicos y ambientales definitivos, plenos y certeros que soportaran la decisión”.

Respecto a la posibilidad de que se ordenara el cierre de la planta, el ente de control encontró que no existe un pronunciamiento definitivo de Corpocaldas, ya que la ILC y la corporación apenas se encuentran aportando pruebas dentro de un proceso por presuntas infracciones a la normatividad ambiental.

La Contraloría le solicitó a la ILC las estimaciones del ahorro que tendría la empresa con la importación de materias primas y la proyección del valor del dólar, toda vez que estas compras se realizan en esa moneda, sin embargo, la ILC no suministró la información. Esto llevó a que la institución de vigilancia concluyera que “se observa una gestión antieconómica, al no evidenciarse estudios y proyecciones técnicas, financieras y económicas que dieran cuenta de las variaciones y estimativos de la fluctuación del dólar (….)”.

Estos hechos confirman lo desastroso que ha sido el cierre de la planta de destilación, más aún cuando acaban de importarse desde Panamá 240.000 litros de alcohol tafias (materia prima del Ron Viejo de Caldas). Cada litro fue negociado a US$2,22 dólares teniendo como base un valor del dólar de $3.195 pesos. Esto quiere decir que el litro costó $7.092 pesos, mientras que la última vez que se produjo esta materia prima en la planta de la ILC, tuvo un costo por litro de aproximadamente 2.450 pesos: casi 3 veces menos. Hay que recordar que en 2015 dos expertos de la ILC advirtieron el riesgo de importar tafias ya que se dará origen a rones diferentes y se alterará el sabor del producto, lo que podría generar una catástrofe comercial para la empresa.

El informe de la Contraloría comprueba que las razones esgrimidas para el cierre de la planta de destilación nunca fueron verdaderas. Esto, sumado al nefasto proyecto de ley de licores que pretende acabar las industrias licoreras estatales, podría significar el marchitamiento definitivo de la principal empresa pública del departamento.

Al gobernador de Caldas y al gerente de la ILC les asiste una enorme responsabilidad. Esperamos que actúen en consecuencia con la defensa del patrimonio público de los caldenses.