En una maniobra contra el interés nacional, el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, vendieron Isagén el pasado 13 de enero. Poco les importó a Santos y a Cárdenas que solo hubiera un oferente en la subasta, las polémicas de la canadiense Brookfield en otros países por posibles sobornos y la oposición de 80 senadores, el procurador General, Asambleas y Concejos en pleno, cientos de académicos y millones de colombianos.

Isagén se vendió principalmente por ser una excelente empresa. Sus aportes anuales por más de $400 mil millones en utilidades e impuestos, las transferencias realizadas a los municipios en los últimos 20 años por valor de $500 mil millones, poseer 3 de las 5 principales hidroeléctricas de la nación y haberse constituido en menos de dos décadas en la segunda generadora de energía del país, son algunas de las razones que demuestran que se entregó al capital extranjero una empresa nacional estratégica, eficiente y rentable.

El único argumento del gobierno para validar la venta de Isagén fue el cuento de que sin esos recursos no habrían nuevas carreteras en el país, dicotomía falsa y engañosa ya que existen múltiples opciones para la financiación de la infraestructura y porque además nunca la privatización de empresas públicas ha redundado en desarrollo y bienestar para los colombianos.

A los caldenses debe preocuparnos doblemente la entrega de este patrimonio energético. A la pesadumbre general por el despojo se le suma el hecho de que la Central Hidroeléctrica Miel I, ubicada en el nororiente de Caldas, pasará de la nación a manos de un consorcio extranjero. Y es que no es poco lo que se pierde ya que Miel I fue una monumental obra de ingeniería jalonada por los estudios y las proyecciones de gerentes, ingenieros y trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, cuando aún era una empresa departamental, a pesar de que luego pasara a manos de Isagén. El esfuerzo público de décadas se entregó de un solo plumazo.

El beneficio para el oriente de Caldas en estos años ha sido indudable. Samaná, Pensilvania, Norcasia, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Victoria, y la Corporación Autónoma Regional de Caldas-Corpocaldas, han recibido de Isagén cada año aproximadamente 2.000 millones de pesos por transferencias de Ley 99, recursos que se han orientado a proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. A esto se suman proyectos sociales que Isagén ha promovido en la región como el fortalecimiento de la sostenibilidad de Hogares Juveniles Campesinos en Norcasia, Samaná y Victoria, entre otros, y que quedarán en un limbo con los nuevos dueños.

Entregado Isagén y por ende entregada Miel I, se entregará también el patrimonio ambiental de esta zona que será usado según les parezca a los inversionistas de Brookfield. Solo en la zona de influencia del trasvase Guarinó, se han hallado 44 especies de anfibios, 301 especies de aves y 69 especies de mamíferos, y en las zonas vinculadas a Miel I, se han detectado 134 géneros de plantas y existen 1561 registros de observaciones de aves, 235 de anfibios y 73 de reptiles(2010, Flora de La Miel. Guía Ilustrada). Esto agudizará los conflictos ambientales que se han generado en esta zona, ya que ahora tendrán que ser discutidos, no entre la comunidad y el Estado, sino entre la comunidad y los inversionistas extranjeros.

Ante semejante pérdida, la actitud de la clase dirigente departamental no ha estado a la altura. La Asamblea Departamental de Caldas no se pronunció de ninguna manera y el Concejo de Manizales difundió un comunicado tardío, cuando ya la empresa había sido vendida.

Esperemos que la defensa del patrimonio público no sea tarea de unos pocos sino de la inmensa mayoría de los caldenses y los colombianos.