Como lo he venido señalando en esta columna, la junta directiva de la Industria Licorera de Caldas determinó cerrar la planta de destilación de la factoría, invocando argumentos financieros y ambientales, los cuales han sido cuestionados por organismos de control y se han ido desvirtuando a raíz de una serie de hechos.

Sobre el aspecto ambiental, la Contraloría General de Caldas expresó que "[los directivos de la licorera] señalan que la toma de la decisión de dejar de producir alcoholes era inevitable por el tema ambiental, situación que no es del todo cierta, pues como se ha demostrado en los controles realizados por la CGC en los últimos años, no se ha realizado una gestión adecuada frente al tema ambiental, por lo que no es pertinente que una entidad alegue su propia culpa como medio de defensa". (Boletín compra de alcoholes por parte de la ILC 2014). Este concepto del ente de control es resultado de una actuación especial llevada a cabo en la empresa y ratifica la opinión de varios expertos que han señalado que la tecnología para el tratamiento de vinazas ya existe y que la solución, en lugar de cerrar una sección primordial para la empresa, es definir con suficiente planificación las obras para mitigar los efectos ambientales.

El otro motivo para mantener cerrada la destilería es el supuesto ahorro derivado de la importación de las materias primas para la elaboración del aguardiente y el ron. Desde el año 2014, el alcohol extra neutro, base para la elaboración del aguardiente, se importa desde Ecuador. La Licorera de Caldas paga 96 centavos de dólar por litro de alcohol extra neutro, costo al que debe sumársele el 16% de IVA por nacionalización. Al estar sujetos a las variaciones del precio del dólar, resulta dudoso el ahorro señalado ya que el valor de esta moneda ha tenido un crecimiento importante en los últimos meses.

El 11 de diciembre de 2014, la Industria Licorera de Caldas firmó una adición a un contrato de importación ya existente con la empresa ecuatoriana Soderal (adición 2 al contrato 214 de 2014). El valor del dólar calculado fue de 2.355 pesos, lo que significa que cada litro de alcohol comprado habría tenido un costo total (96 centavos de dólar por litro, más IVA del 16%) superior a los 2.600 pesos. Si es cierto, como se lo expresó el Gerente de la ILC a este diario (Octubre 31, 2014), que el costo de producción por litro de alcohol en la fábrica es de 2.400 pesos, cada litro de alcohol extra neutro contratado en diciembre de 2014 con la empresa extranjera, estaría por encima del costo de fabricación en la destilería propia, con lo que el argumento del ahorro perdería total validez.

Como si no fueran suficientes los efectos negativos del cierre de la planta de destilación, la empresa de transportes Autolegal S.A. ha emprendido acciones legales contra la ILC. La razón es el incumplimiento del contrato 050 de 2009, en el que la empresa se comprometía a transportar más de 139 mil toneladas de miel desde los ingenios de Risaralda, Valle del Cauca y Cauca hasta las instalaciones de la Licorera con el objetivo de ser procesadas en la destilería. Ante la continuidad del cierre, la ILC demandó a Autolegal para terminar dicho contrato sin ningún tipo de indemnización, situación a la que la empresa le respondió interponiendo una demanda por reconvención, es decir, una contrademanda. La empresa transportadora solicita que se declare que la ILC ha incumplido el contrato 050 de 2009 al no efectuar los pagos acordados y que se le indemnice por valor de 675 millones de pesos.

Ante esta serie de situaciones negativas, la pregunta para la junta directiva y el Gobernador de Caldas es: ¿Por qué sigue cerrada la planta de destilación de la Licorera?