En Colombia se volvió costumbre que el gobierno escuche las legítimas peticiones de los ciudadanos solo en medio de un paro. Ese detestable hábito del Presidente Santos y sus funcionarios de prestar atención únicamente cuando hay ruido en las calles, ha sido el detonante del actual paro camionero, el cual a punta de dilataciones y engaños oficiales, se ha convertido en el más largo de la historia. 
La relevancia económica y social del transporte de carga escapa a cualquier duda. Este sector es determinante para la competitividad y el desarrollo económico del país al movilizar y llevar a destino seguro los productos a todas las regiones. De hecho, ante el marchitamiento y el abandono estatal de décadas al transporte ferroviario, fluvial y marítimo, al transporte terrestre se le han asignado responsabilidades superiores a las que debería tener, al punto de que más del 85% del transporte de carga se realiza por este medio. 
Los camioneros -al igual que el resto de colombianos- deben pagar una de las gasolinas más cara del mundo, cuyo precio está compuesto en un 53% por impuestos, lo que significa altas inversiones al ser el combustible el insumo que más pesa en la estructura de costos de los transportadores. Por otro lado, a pesar de ocupar el puesto 126 entre 140 países en la calidad de las vías (Reporte de Competitividad Global 2015-2016, Foro Económico Mundial), los peajes en Colombia son de los más costosos de Latinoamérica y el mundo. Si a esto se le suma el pago de impuestos, las comisiones, la sobreoferta de más de 200.000 vehículos y el congelamiento del valor de los fletes desde hace por lo menos 10 años, se puede entender la compleja situación por la que pasan miles de transportadores que en muchas ocasiones trabajan incluso a pérdida para no perder clientes o cumplir sus compromisos. 
Con las adversas condiciones de competitividad del transporte nacional, una estructura de costos altamente desfavorable y el afán gubernamental para que multinacionales como Impala se adueñen del sector, los reclamos de los camioneros son un llamado enérgico para intentar resolver la angustiante situación económica de este sector, conformado mayoritariamente por pequeños empresarios. Más del 90% de los vehículos de transporte de carga pertenecen a pequeños propietarios, por lo que es usual que el dueño del camión sea la vez el conductor, haya heredado la profesión y emplee a su familia en actividades relacionadas. Por eso no es extraño que los documentos oficiales recalquen la importancia de “conservar la estructura de propiedad democrática del sector transportador, basado en el desarrollo y consolidación de los pequeños transportadores” (CONPES 3489 de 2007). 
Esta estructura democrática es precisamente la que se pretende acabar asfixiando a los transportadores con condiciones de operación insostenibles y a través del desmonte del mecanismo “uno a uno”, con lo cual se permitiría el libre ingreso de vehículos, tal y como se lo exigió el vicepresidente de Estados Unidos al Presidente Santos al señalar que su país “sigue preocupado por el decreto de chatarrización, que está lastimando nuestro comercio bilateral” (Vicepresidencia de Estados Unidos, Septiembre 8 de 2014).
Así como los paros se han vuelto recurrentes, la actitud del gobierno continúa siendo errática y lejos de modificarse, se acentúa con los años. Primero se desconocen los reclamos, luego se dilatan las conversaciones, acto seguido se pasa al linchamiento mediático y finalmente se ejerce matoneo judicial sobre los manifestantes con amenazas exorbitantes como la cárcel o la expropiación de vehículos. También se volvió costumbre que esta actitud sea combinada con represión y que la acción de los organismos estatales cobre vidas paro tras paro, como la del joven en Duitama a manos del ESMAD, según reconoció el mismo Ministro de Defensa. 
Con desatención a las peticiones de los ciudadanos, militarización de la protesta social y muertes no se puede hablar de democracia. Si persiste la negligencia estatal, los paros continuarán.