Penosamente hay que decir que los últimos sucesos relacionados con las disputas jurídicas del gobernador de Caldas ya no sorprenden a nadie. Se está volviendo costumbre que en el departamento primen la inestabilidad política, las malas decisiones de los gobiernos y la repartija entre los grupos políticos que acaparan los principales cargos de representación desde hace décadas.

El hecho de que en 8 años se hayan elegido 7 gobernadores (y serán 8 si Guido es destituido) pone a Caldas en la misma situación de otros departamentos del país, en los cuales la rotación irregular de funcionarios públicos se ha vuelto pan de cada día y el tránsito de los gobernantes desde los despachos oficiales hacia los juzgados o los centros penitenciarios, se ha tornado usual.

Al margen del proceso jurídico contra el suspendido gobernador, hay que señalar que la gestión de la administración departamental no ha sido buena. Aparte de tener que repartir su tiempo, gestión y declaraciones entre las funciones propias del cargo y el proceso en su contra, Guido Echeverri ha dado muestras en estos 7 meses de un extraño afán por impulsar acciones lesivas para el departamento. La firma del convenio para abrir fronteras entre la Industria Licorera de Caldas y la Fábrica de Licores de Antioquia configuró un auténtico negocio de tigre con burro amarrado, en el que nuestro departamento fue puesto en la posición del animal de orejas grandes al encontrarse en una abismal desventaja financiera, comercial y publicitaria frente a Antioquia. Siguen sin conocerse los estudios que sustentaron esta decisión y las explicaciones dadas a los medios, diputados y trabajadores han brillado por su vaguedad e insuficiencia.

Otra cuestionable acción fue el retiro del proyecto hidroeléctrico El Edén en el oriente de Caldas, en el que a través de InfiCaldas se habían invertido casi 30 mil millones de pesos y está a punto de arrancar. El apresurado reversazo puede significar un detrimento patrimonial para el departamento ya que como lo ha señalado Gonzalo Duque, este proyecto es una inversión estratégica que podría tener una rentabilidad sostenible a 50 años. Si a estos hechos le sumamos las amplias facultades con las que ha contado para contratar y comprometer más de 70 mil millones de pesos en vigencias futuras, se llega a la conclusión que no solo las batallas legales del gobernador sino sus actuaciones, han significado para Caldas más sombras que luces durante este año.

Como si el panorama no fuera suficientemente oscuro, el presidente Santos designó a Ricardo Gómez como gobernador encargado mientras el Consejo de Estado resuelve la demanda de nulidad contra Guido. A pesar de que un encargo no cambie drásticamente la situación de la Gobernación o el rumbo del departamento, irrita que el ungido por Santos y Lizcano sea un personaje que no ha demostrado en su trayectoria pública mayor aprecio por el patrimonio público, la democracia y el bienestar general.

En sus 7 años como rector de la Universidad de Caldas, Gómez Giraldo ideó un nuevo sistema que impuso costosas matrículas a estudiantes de estratos medios y bajos, propuso la modificación del Estatuto General para reelegirse indefinidamente, impulsó la firma de un contrato entre la institución y la multinacional minera AngloGold Ashanti que pretende desarrollar un devastador proyecto de minería a cielo abierto en Tolima y el Eje Cafetero, trató de forma indigna a los docentes ocasionales e intentó fallidamente reelegirse por segunda vez para coronar un mandato de 11 años.

Ante la inestabilidad, los escándalos y el mal manejo que la clase política tradicional le ha dado a Caldas, no podemos seguir dando palos de ciego. Hay que sacudirse del letargo y cambiar a quienes han dirigido mal los destinos del departamento. Los caldenses merecemos un gobierno digno y responsable que privilegie el interés general y sea capaz de construir y liderar un verdadero proyecto de región.