Por orientación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, el sector minero de Colombia se transformó a partir del año 2001 con tres grandes objetivos: sacar al Estado de la operación como empresario, colmar de beneficios a las trasnacionales y marginar a los pequeños mineros 
nacionales. 
Hoy, el Estado colombiano tiene prohibido participar en proyectos mineros, las trasnacionales -a punta de deducciones, descuentos y exenciones- por cada 100 pesos que pagan en regalías e impuestos le dejan de pagar a la nación 200 pesos, y los pequeños mineros son perseguidos ferozmente. 
A pesar de este impulso, la llamada locomotora minera ha tenido tropiezos. Por un lado, las comunidades se han negado a asumir los negativos impactos sociales, económicos y ambientales de la gran minería trasnacional y en departamentos como Caldas, Quindío, Santander y Tolima se han frenado ambiciosos proyectos de minería a cielo abierto gracias a la movilización ciudadana. Por otro lado, los mineros tradicionales, pese a ser señalados como ilegales y estar en conflicto permanente con las compañías y el Estado, han seguido con sus actividades ya que derivan su sustento de esta labor.
Ante estos obstáculos, el Ministerio de Minas y Energía expidió este año la Política Minera Nacional (Resolución 40391 del 20 de abril de 2016) con el propósito de darle un nuevo aire al cuestionado modelo. El Gobierno Nacional, pretende ampliar las enormes gabelas de las empresas extranjeras, reduciendo el costo del canon superficiario, el valor de las regalías, los precios de la energía y los impuestos a explosivos, y busca apartar definitivamente de su actividad a los mineros que no 
posean título.
La política minera Nacional les da tres opciones a los pequeños mineros, aunque en la práctica solo les dejan una alternativa. El gobierno promueve que los mineros cambien de actividad productiva, afronten acciones judiciales y policivas o, trabajen bajo el amparo de un título por la vía de obtenerlo o de trabajar para una empresa que lo posea. 
Respecto a la primera opción, para pocos mineros es una oportunidad verdadera dedicarse a las actividades hacia las cuales los quieren reorientar, ya que la peluquería o la agricultura no les garantizan condiciones similares de trabajo e ingresos. Sobre la segunda propuesta, es claro que la represión no resuelve la problemática del sector, por el contrario, se ha demostrado que la exhibición de mineros frente a las cámaras con baldes y palas incautados, como si fueran criminales, solo genera indignación y agudiza el conflicto.
La parte sustancial de la política reside en la última opción que les deja el Ministerio a los pequeños mineros. Como la obtención de un título ha sido imposible para la gran mayoría de mineros tradicionales del país, (entre 2001 y 2007, de 3.631 solicitudes de formalización menos del 1% terminó en la expedición de un título) el gobierno promueve la subcontratación con compañías multinacionales mediante convenios en los cuales los productores nacionales tienen todas las obligaciones técnicas y ambientales, y deben pagarle a la empresa contraprestaciones económicas, mientras los dueños del título siguen siendo los inversionistas extranjeros. 
La Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía vienen impulsando este mecanismo a través de las Juntas Directivas de Formalización Minera y cuentan con recursos y apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID y la Universidad de British Columbia de Canadá, entre otros.
Los gobiernos y organizaciones que han elaborado la excluyente y depredadora legislación minera de los últimos 15 años, ahora promueven la subcontratación de los nacionales y buscan asegurar la legitimidad de los extranjeros. El mensaje del presidente Santos para los pequeños mineros colombianos es claro: ¡que se olviden de obtener un título propio porque nunca lo van a lograr!