Se ha abierto un profundo debate en las últimas semanas a raíz de un borrador de resolución del Ministerio de Educación Nacional que pretende modificar estructuralmente las licenciaturas del país. En una nación que cuenta con 457 programas de licenciaturas la discusión no es minúscula, tanto así que la Asociación Colombiana de Facultades de Educación -Ascofade- ha señalado que dicha resolución no debe aprobarse por inconsulta, incoherente e inconveniente. 
El borrador de resolución tiene su fundamento principal en el estudio que realizó hace dos años la Fundación Compartir -que preside el poderoso negociante inmobiliario Pedro Gómez- denominado “Tras la excelencia docente”. El estudio, realizado, entre otros, por el exfuncionario del Banco Mundial, Guillermo Perry, tiene como objetivo alinear el sistema educativo nacional con los parámetros de la OCDE, organización en la que quiere meter el presidente Santos a Colombia. Dicho estudio señala que las modificaciones que se realicen a las licenciaturas del país no se deben dar a través de reformas legales, con lo que se pretende evadir el debate democrático y evitar derrotas como la que sufrió el gobierno en 2011 frente a la MANE. 
El contenido de la resolución de Parody es altamente preocupante. De entrada, modifica la denominación de múltiples licenciaturas, con lo cual desaparecerían programas como Licenciatura en Filosofía y Letras o Licenciatura en Biología y Química, enredando al máximo la labor de las universidades al tener que abrir nuevas carreras y truncándole el futuro laboral a miles de egresados que aspiran obtener una plaza en el magisterio. Con esta iniciativa, la ministra pretende seguir vaciando de contenido las licenciaturas de las universidades, al imponer que la enseñanza de competencias y no el saber disciplinar, sea el eje de estos programas. Por ello, la resolución impone que las prácticas tengan como mínimo 50 créditos dentro del currículo y se empiecen a realizar desde tercer o cuarto semestre. Ante este hecho, Ascofade ha manifestado su oposición, y en carta que le envió a la ministra ha señalado que esto “implicaría que el estudiante está en el aula desde el inicio de su formación cuando el estudiante no ha consolidado, ni fundamentado los conocimientos pedagógicos, didácticos psicológicos y disciplinares necesarios para abordar la Práctica Pedagógica”. 
La propuesta ministerial fija estándares en segunda lengua muy difíciles de cumplir para la mayoría de estudiantes. A los estudiantes de licenciaturas en general se les exigirá nivel B1 en inglés, para lo que se requieren aproximadamente 400 horas efectivas de exposición al idioma. A los estudiantes de Lenguas Modernas y licenciaturas afines se les exigirá nivel C1, lo que implica alrededor de 1.500 horas de trabajo intensivo, manejo similar al de la lengua materna e inmersión en el idioma, bien sea porque el estudiante ha vivido un tiempo en países donde se habla (lo que resulta ser imposible para la gran mayoría debido a la incapacidad económica) o porque ha tenido maestros nativos en su formación. 
En los borradores que se han discutido, no existe claridad sobre las fuentes de recursos para llevar a cabo las reformas que se requerirían. No sería raro que el Ministerio propusiera que las instituciones públicas y privadas compitan por recursos estatales, tal y como ha sucedido con el programa “Ser pilo paga” en el que las ganadoras indiscutibles han sido las universidades de élite. Todo este debate se da en medio de la decisión de la Universidad de Los Andes de abrir por primera vez en su historia programas de licenciatura a partir de 2016. 
El proyecto de la ministra Parody viola la autonomía universitaria y no está elaborada para generar avances académicos y lograr una mejoría en la labor de los docentes. Cualquier iniciativa de reforma debe ser concertada con la comunidad educativa y tiene que ser concebida para lograr el desarrollo del país, no para adaptar la vida de la nación a la imposición de organizaciones externas.