La tragedia del campo y los productores agrícolas de las últimas dos décadas es bien conocida por los colombianos. La avalancha de importaciones, el desamparo oficial, la competencia desigual, la firma de Tratados de Libre Comercio y el impulso a actividades como la gran minería trasnacional, han sido los principales factores de la quiebra del agro nacional. 
A la apertura económica de la década del 90, esto es, a la inserción de Colombia en la globalización como una nación subordinada, hay que añadirle la suscripción de múltiples acuerdos comerciales como las causas principales de la agudización de la crisis del sector agropecuario. Poner a competir a nuestros campesinos y empresarios agrícolas con los productores estadounidenses y europeos, los cuales cuentan con asistencia técnica, apoyo financiero y reciben subsidios por más de 200 mil millones de dólares cada año (igual a 590 billones de pesos colombianos o a ganarse el Baloto más de 13.720 veces), no solo ha sido un acto irresponsable de los últimos dos gobiernos sino un atentado a la economía nacional y a la soberanía alimentaria.
Hoy, más del 30% de los alimentos que consumimos los colombianos son importados, 12 millones de toneladas de productos extranjeros ingresan anualmente al país y mientras las exportaciones agrarias se incrementaron en un 5% entre 2000 y 2015, las importaciones crecieron un 107%, es decir, se duplicaron en los últimos 15 años. De los campos colombianos desaparecieron la soya, la cebada, la avena y el sorgo, y hacia allá avanzan productos como el trigo, el ajonjolí y el maíz, que hoy se importan en un 95%, 90% y 70% respectivamente. 
Si en el agro nacional llueve, en los campos caldenses no escampa. A pesar de que el peso de la agricultura sobre la economía departamental sigue siendo muy importante ya que representa el 10,4% del PIB (quinto sector después de servicios, establecimientos financieros, industria manufacturera y construcción), en Caldas el 49,3% de hogares rurales no tiene acueducto, el 17% de los agricultores es analfabeta y el 95,3% de los productores agropecuarios no recibe asistencia técnica del Estado. Productos emblemáticos como el café han tenido retrocesos al pasar de 88.000 hectáreas sembradas en 2002 a 72.000 en 2015 y al reducir en 5.000 el número de caficultores, pasando de 38.000 cafeteros a 33.000 en este mismo lapso, además del envejecimiento de los trabajadores y la escasez de mano de obra en este sector. 
Por estas y más razones, Dignidad Agropecuaria Colombiana junto a múltiples organizaciones, de la misma manera que organizaron y acompañaron los enormes paros agrarios de los últimos años, hoy promueven el Referendo por el Agro, mecanismo a través del cual se pretenden modificar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución Política con el propósito de proteger y fomentar la producción nacional agropecuaria, renegociar o terminar los Tratados de Libre Comercio y garantizar el derecho a una vida digna de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Cientos de voluntarios recogen firmas en diversos lugares de la geografía caldense ya que se necesitan miles de ellas en el departamento. Si los caldenses queremos poner nuestro grano de arena en la lucha por la recuperación de la soberanía y la seguridad alimentaria, firmaremos y apoyaremos esta iniciativa.