Existe un extenso debate alrededor del cobro de valorización por obras públicas en el país. En la gran mayoría de casos, debido a la falta de estudios rigurosos y a la naturaleza antitécnica e inequitativa del gravamen, la valorización ha resultado ser una pesada carga económica y social para los propietarios de los inmuebles cercanos a las obras. 
En Manizales, obras tan cuestionadas como la plaza Alfonso López, en la que los manizaleños asumieron el 55% del valor total a través de valorización, o las de la Paralela Norte, en las que el municipio pretendía cobrarle el 85% del costo total a los ciudadanos por medio del mismo mecanismo, demuestran que la valorización ha dejado más afectados que favorecidos, ya que la mayoría de los inmuebles aledaños a los proyectos no son negocios sino viviendas, razón por la cual los altos cobros se constituyen en un ataque a la economía de las familias. 
A pesar de existir métodos como el cobro de plusvalía, mucho más técnico y equitativo que el derrame de valorización, se sigue privilegiando este último, ignorando el descontento ciudadano y la incapacidad de pago de las personas en una ciudad en la que la mitad de sus habitantes se debaten diariamente entre la informalidad y el desempleo. 
A raíz de la inconveniencia de las obras por valorización, resulta importante que el Concejo de Manizales haya aprobado el proyecto de acuerdo 124 de 2015, mediante el cual retoma las facultades para determinar qué obras públicas se realizarán a través de este mecanismo. Es inaudito que el de Manizales, sea el único Concejo del país que no decida sobre este aspecto, a pesar que es una función que la misma constitución le ha asignado a la corporación. Si bien, el hecho de que esta función retorne al concejo no garantiza que pararán las obras inconvenientes y con cobros leoninos para los manizaleños, sí permite ampliar el debate y otorgar herramientas a los ciudadanos para hacerle frente a este tipo de iniciativas cuando consideren que lesionan su bienestar. 
Queda muy mal la saliente alcaldía municipal, objetando un proyecto que a todas luces busca lograr un orden de cosas más justo y democrático. Las voces de los ciudadanos que han reclamado por años la presencia activa del Concejo en este tipo de discusiones, no pueden ser desconocidas por la administración municipal, con el pretexto baladí de que la norma es ilegal. 
El alcalde y los secretarios de despacho deberían preocuparse por la plusvalía y los impuestos que ha dejado de pagarle a la ciudad el Centro Comercial Fundadores, beneficiado de cabo a rabo por las obras que se han realizado y se realizarán en la avenida Colón, la avenida del centro y la avenida Kevin Ángel. Hay que voltear la mirada sobre los negociantes y especuladores que se han beneficiado del incremento del valor del suelo, en lugar de seguir mortificando a los ciudadanos que obtienen sus ingresos del trabajo.