“En Colombia no estamos, óigase bien, no estamos en crisis económica”, aseguró el presidente Santos el pasado 22 de febrero al término del Consejo de Ministros. Las cifras, los datos, los sondeos, la percepción, las encuestas y hasta las agencias calificadoras de riesgo, dicen otra cosa.

Sucesos recientes como el alza en las tarifas de energía, el no-incremento del salario mínimo, la venta de Isagén, el destape del millonario desfalco en Reficar, el anuncio de reformas tributarias y pensionales agresivas, la desatención a los niños en La Guajira y la posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica, han agudizado el malestar ciudadano con la política económica y social del gobierno.

De acuerdo a la última encuesta nacional de Gallup, 7 de cada 10 colombianos desaprueban la gestión de Santos e igual número de ciudadanos consideran que la situación del país está empeorando. Es la desfavorabilidad más alta de un presidente desde el final del periodo de Andrés Pastrana en 2002.

Los efectos de la crisis (que niega el presidente) se sienten día a día. 7 de cada 10 colombianos son pobres, el país se mantiene como el tercero más desigual del mundo, las 10 millones de toneladas de alimentos importados y el elevado precio del dólar encarecen la dieta básica, la deuda externa y el déficit comercial han alcanzado máximos históricos e instituciones de educación públicas como la Universidad del Tolima, están a punto de cerrarse a raíz de la asfixia presupuestal que se ha profundizado en los últimos 6 años. Por ello, no es extraño que el 84% de los encuestados por Gallup tengan una imagen negativa frente al manejo de la economía en el país.

El modelo económico de los últimos 25 años, basado en las privatizaciones, la reprimarización de la economía y los TLC, han hecho mella en empresarios y trabajadores. Empresas como Kraft, la Compañía Colombiana Automotriz, Icollantas, Bayer y Mondelez han cerrado sus puertas y solo en el año 2014, se liquidaron más de 90.000 compañías. El efecto de los cierres en las condiciones laborales, no ha sido menor. El desempleo se ubicó en enero en el 11,9%, mientras la informalidad se ha mantenido en el 65%, lo que significa que el 76% de los colombianos se debaten entre la desocupación y el rebusque. Esto no implica que la situación de las personas ocupadas sea mejor ya que el 85% de los trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos y solo los sueldos de los sectores de electricidad, gas, agua, minería y finanzas, conservaron su valor real en los últimos años.

En rechazo a la política social y económica del gobierno de Santos, causante y profundizadora de la gris realidad nacional, diversos sectores han convocado a un paro nacional el próximo 17 de marzo en todas las ciudades del país. Centrales obreras, sectores del transporte público y especial, campesinos, empresarios agrícolas, estudiantes, docentes, artistas y múltiples organizaciones y movimientos, exigen que se ataquen las razones de la crisis para resolverla y superarla, y no que se mitigue momentáneamente para favorecer a unos pocos.

En respuesta a las declaraciones del presidente Santos, seguramente millones de colombianos le diremos el próximo 17 de marzo que: “En Colombia sÍ estamos, óigase bien, sí estamos en paro nacional”.