En medio de una aguda impopularidad, fruto del pésimo manejo económico, social y ambiental del país, el presidente Juan Manuel Santos realizó una serie de cambios en su gabinete ministerial que por un lado, implican más de lo mismo y, por otro, buscan romper la frágil institucionalidad política nacional.

Algunos nombramientos retratan de cuerpo entero los genuinos intereses del gobierno. En el Ministerio de Ambiente fue nombrado un ingeniero de minas con énfasis en minería a cielo abierto; al Ministerio de Minas llega un antiguo ejecutivo de los bancos HSBC y ABN AMRO, dos de los más grandes inversionistas en megaminería en el mundo; y en el Ministerio de Comercio se designó a la ex-directora de ProColombia, responsable en parte de la reducción de exportaciones colombianas de 57.000 millones de dólares a 36.000 millones. Aunado a esto, el Presidente designó como Ministra de Trabajo a Clara López, generando un profundo malestar en muchos sectores y propiciando un amplio debate sobre el papel de la oposición política.

A pesar de que Colombia posea un frágil sistema político, ha existido la posibilidad de que se erijan partidos y movimientos en oposición a los gobiernos de turno. De hecho, el desarrollo de un régimen político democrático implica la existencia de partidos de oposición que busquen imponer límites al poder presidencial y de la bancada de gobierno, realicen un firme control político, luchen por la alternancia política y busquen ser mayoría para acceder al gobierno con un proyecto diferente al vigente.

Traído esto a colación, hay que recordar un principio básico de la lucha política. A pesar de que la ideología neoliberal haga creer que los asuntos de gobierno son netamente técnicos y deben ser resueltos por expertos, en esencia la disputa política es antagónica, en el sentido de que sobre las grandes decisiones de la vida nacional se toman unas u otras decisiones que tienen motivaciones y consecuencias muy diferentes. No se puede defender el fortalecimiento del mercado interno y la producción nacional y al mismo tiempo avalar el libre comercio, de la misma manera que no se puede fijar como eje económico la gran minería y decir que se defenderá el ambiente y las comunidades porque simplemente no es posible conciliar medidas contradictorias de este tipo.

Y es en este sentido que la designación de quien fuera hasta el día de su nombramiento la Presidente del Polo Democrático Alternativo, partido de oposición, constituye un claro intento por debilitar la endeble institucionalidad política del país y se convierte en un mensaje confuso ante la necesidad perentoria de que exista una fuerte oposición. Es claro que se equivoca quien ofrece y quien acepta porque se atenta contra los principios democráticos mínimos y porque se profundiza el desconcierto político de la ciudadanía, acostumbrada a volteretas inentendibles y dada a creer que como esto es norma de conducta en los políticos, da lo mismo votar por un partido o por otro, o simplemente no votar.

Ante estos hechos, coincido con Ricardo Haro (2002) cuando afirma que “Ningún gobierno es democrático si no asume en los hechos auténtica y positivamente, un comportamiento de profundo respeto a la oposición”. Las posibilidades de que la nación supere un conflicto armado de décadas deben estar enmarcadas en el convencimiento de que las diferencias políticas no desaparecerán y en el compromiso de que no se debe intentar imponer una visión hegemónica de la realidad nacional.

Ante este debate, bien vale recordar al periodista Orlando Sierra, quien defendió el derecho a disentir y la vigencia de la crítica, señalando que “El unanimismo, la falta de función crítica, cierta condescendencia ante los poderosos, la genuflexión de algunos, el adocenamiento de otros, la comodidad de los demás que van con la corriente, las conciencias vendidas, prestadas o alquiladas, eso es lo que más está haciendo daño a nuestro medio” (La Patria, 1996).