En el transporte escolar colombiano han predominado en los últimos años los propietarios de automóviles, asociados mayoritariamente en cooperativas o afiliados a pequeñas y medianas empresas nacionales. Por la magnitud del sector, ha operado una suerte de libre competencia, ya que cada transportador organiza sus rutas, consigue sus propios clientes y administra sus ingresos.

Precisamente por su volumen e importancia económica, no es extraño que hoy grandes compañías pretendan dominar esta rama del transporte, desplazando a miles de transportadores. Solo en Manizales, el número de estudiantes de primaria y secundaria -posibles usuarios de este servicio- asciende a casi 67.000 (55.000 en colegios públicos y 11.700 en privados).

Bajo el pretexto de ajustar las condiciones de seguridad en esta modalidad de transporte, el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 348 de 2015, buscando reestructurar totalmente este sector. Nadie se opone a medidas de seguridad lógicas y ejecutables, como realizar exámenes constantes a los conductores, poner cinturones en todos los asientos de los vehículos o capacitar a los acompañantes en primeros auxilios; son disposiciones coherentes y necesarias que contiene la norma. Otras, sin embargo, resultan desproporcionadas e incluso ilegales, como la imposición de cámaras que transmitan en vivo todo el recorrido de los vehículos, la adaptación de 2 puertas en todos los carros, el incremento en el valor de las pólizas o la chatarrización de vehículos que todavía tiene varios años de vida útil.

A pesar del impacto económico que generaría la aplicación de todas las medidas de seguridad mencionadas, el aspecto central del decreto es la transformación del transporte escolar en Colombia. La nueva norma obliga a los transportadores a ser empleados de las empresas a las que se encuentran afiliados, les prohíbe contratar con los padres de familia y obliga al 20% de ellos a ceder la propiedad de su vehículo a las compañías. Esto implica que los transportadores ya no serán dueños de su trabajo y su negocio, sino que se convertirán en empleados, sujetos a las condiciones económicas y laborales que determinen las empresas.

Como si esto no fuera suficiente, el gobierno le exige a las empresas incrementar su patrimonio líquido de 300 a 500 salarios mínimos, ampliar su infraestructura, contratar personal para 4 áreas administrativas diferentes (financiera, operacional, seguridad y tecnología) y obtener el certificado ISO 9001. Estos gastos, sumados a la obligación de adquirir por lo menos el 20% de los automóviles de los asociados, pondrían en riesgo la viabilidad de decenas de compañías de transporte escolar en el país. Con la nueva normatividad, se beneficiarán seguramente compañías extranjeras como La Sepulvedana, que posee la mayoría accionaria de Transportes Loyola, ya cuenta con la mayoría de requerimientos que exige el decreto y está expandiendo sus negocios por todo Latinoamérica.

El impacto del decreto 348 para la región es importante. En Manizales y Villamaría existen alrededor de 450 transportadores escolares que derivan su sustento y el de sus familias de esta actividad, los cuales se verían seriamente perjudicados junto a 2.000 trabajadores de los sectores de repuestos, talleres mecánicos, lavado de autos, estaciones de servicio y comercio, ligados directamente a esta labor. Los padres de familia serán también víctimas ya que todos los gastos en los que incurran empresas y transportadores, se verán reflejados en las tarifas que pagan por el transporte de sus hijos. Afortunadamente los transportadores se vienen agremiando en todo el país y en Caldas ya conformaron una asociación que defiende el transporte escolar como un servicio para el bienestar de los niños y que garantice empleo decente a los caldenses en lugar de asegurarle el incremento de las utilidades de los monopolios extranjeros.