Desde hace más de dos décadas se orquestó en el país una campaña para acabar con las empresas públicas. El famoso “Bienvenidos al futuro” del presidente Gaviria significó el traspaso de la órbita pública a la privada de múltiples sectores económicos estratégicos.

Como el criterio ha sido gobernar la región de la misma forma en que la dirigencia nacional administra el país, en Caldas el furor privatizador no ha sido ajeno. A mediados de los noventa, las Empresas Públicas de Manizales fueron divididas en diferentes unidades de negocio, con lo cual se inició su privatización y su progresiva desaparición. La empresa de aseo se privatizó en un cuestionado proceso que favoreció a unas cuantas familias de la región. Fue tan bueno el negocio para los privados que el ex-director de este diario, Luis José Restrepo, señaló que la privatización del aseo se había convertido en "una verdadera guaca de oro" (LA PATRIA, 18 de agosto de 1996). Hoy el principal accionista de EMAS es el grupo norteamericano ACON Investments, cuyo socio fundador es Bernard Aronson, delegado del presidente Obama en los diálogos de La Habana.

La empresa de telefonía que contaba con una vasta red, tecnología de punta y había incrementado sus activos, utilidades y patrimonio entre 1992 y 1995, fue convertida primero en la Empresa de Telefonía y Servicios Agregados S.A-Emtelsa (en la que el municipio tenía participación accionaria) y luego fue adquirida plenamente por UNE-EPM Telecomunicaciones, empresa en la que hoy tienen acciones las Empresas Públicas de Medellín y la multinacional europea Millicom. La empresa de acueducto y alcantarillado, si bien mantiene la totalidad de acciones en cabeza de entidades municipales, cambió su naturaleza jurídica y en 2002 se intentó sin éxito dejar la representación de las acciones del municipio en manos del Comité Intergremial de Caldas, lo que claramente significaba una privatización por la puerta de atrás.

Igual suerte corrió la Chec, en lo que es probablemente una de las pérdidas de patrimonio público más grandes del departamento. A la Chec decidieron estrangularla para luego venderla. Un contrato de compra de energía en el que perdía más de $30.000 millones anuales, la no aceptación de un incremento en las tarifas, la negativa del gobierno nacional a pagar una multimillonaria deuda por concepto de subsidios y la renuncia al poder de veto que tenían los representantes de las acciones de Caldas en la junta directiva, impulsaron la privatización de la empresa. Hoy, Empresas Públicas de Medellín tiene el 80% de las acciones, mientras Infi-Caldas apenas posee el 13%, en una compañía que ha llegado a dar utilidades anuales del orden de $70.000 millones.

Malos negocios como la apertura de fronteras en licores con Antioquia o el reversazo que se pretende realizar en la participación accionaria de Caldas en la hidroeléctrica El Edén, significan también enormes riesgos para las instituciones públicas de la región. Llamativamente, también en estos dos casos se benefician empresas públicas y privadas de Antioquia, departamento favorecido ampliamente con las privatizaciones locales y regionales.

La supuesta búsqueda de eficiencia, equidad y transparencia cacareada en todas las privatizaciones nunca se ha materializado. La fuga de utilidades a otros departamentos y países, la crisis del agua de 2011, la emergencia sanitaria del relleno La Esmeralda en 2015, las altas tarifas para los usuarios y la disminución de garantías laborales para los trabajadores, son muestras de las verdaderas consecuencias de la privatización de empresas estratégicas para la región.

Los más de 230 casos de desprivatización de empresas de agua alrededor del mundo, que han beneficiado a más de 100 millones de personas debido a la prestación de servicios más baratos, transparentes y eficientes, deberían ser el ejemplo a seguir, en lugar de permitir que la clase política tradicional, con su usual indolencia, continúe feriando el patrimonio público que tanto esfuerzo y trabajo nos ha costado a los caldenses construir y preservar.