La afirmación del Sr. presidente, desde el inicio de las conversaciones de La Habana, que “El acuerdo será sometido a la refrendación del pueblo”, parecía garantizar la seguridad de que lo allí hablado no dañaría las instituciones. La frase en buena parte desarbolaba las críticas al proceso, pues, el amplio y sólido contenido democrático diluía cualquier temor, mucho más cuando a su rotundo pronunciamiento el presidente agregaba que, buscaría la refrendación mediante un referendo, esto es, que los colombianos podríamos pronunciarnos sobre el contenido de los acuerdos. Para decirlo en letras gordas. ¿Nos preguntarían si estamos de acuerdo o no con que los responsables de delitos de lesa humanidad no paguen pena de cárcel o alguna de reclusión? ¿O que hagan política aún sin pagar la pena? ¿O que el narcotráfico sea delito conexo con los políticos? 
De este dulce sueño nos despertamos cuando, quien tal cosa decía, cambió de parecer y señaló que el referendo no procedía porque era un peligro, esto es, se tiene temor a que el pueblo diga no, o no se alcancen los umbrales, lo que equivale a señalar que solo se busca la confirmación y, puesto que eso es lo querido nada mejor que un plebiscito. La promesa de refrendación popular de los acuerdos de La Habana no se cumple con la sola pregunta de qué país queremos -el mejor seguramente-, o si queremos la paz o la guerra, sobre lo que no cabe discusión. Ni siquiera corresponde con la verdad que nos pregunten si estamos de acuerdo, si o no, con lo firmado, porque tal forma de sellar la refrendación, coloca al votante en la opción de tragarse algunos sapos a menos que esté conforme con todo, esto es, en la práctica la opción se reduce a que, si queremos la paz, cerremos los ojos y votemos.
A algunos, sin embargo, puede parecernos que el precio es demasiado alto por un acuerdo de desmovilización de un grupo armado que, además, por sí sola no garantiza la paz. Efectivamente, eso de que los alzados en armas no paguen cárcel o pena de reclusión por los delitos de lesa humanidad; puedan hacer política y acceder al congreso en algunos casos sin votos; no entreguen las rutas del narcotráfico y de contera laven el dinero “habido” con el delito, que no entreguen las armas -aún no sabemos qué podemos entender por dejación, término que sirve tanto para un roto como para un descocido- Sin hablar de la justicia transicional (que dicen se aplica aún sin resarcimiento) o de las zonas de restricción. Todo esto, es un precio muy alto.
Pero aquello no es lo peor. Lo más grave es el daño a las instituciones. Todas quedan tocadas, mal heridas, casi que defenestradas. Miren si no al legislativo: Aprobó una ley denominada “Marco para la paz” que fue luego desoída y desechada por la guerrilla con la complicidad y anuencia del gobierno, fue la primera aparición de una manifiesta regla de oro de las Farc, rechazar todo aquello que se haga o promueva sin su intervención. Ahora el legislativo solo aparece para conceder facultades cada vez más amplias a un ejecutivo complaciente que, a cada paso y en cada asunto, no importa lo que antes haya dicho, termina cediendo ante la guerrilla que, finamente, maneja la agenda de los diálogos. La judicial fue desde un principio aparcada. La aplicación de la Justicia Transicional en Colombia no es un ablandamiento de la Constitución y las leyes que rigen a los colombianos, sino su desatención, al punto que para aplicarla se crean Tribunales Especiales de Paz con magistrados designados por una entidad aún no conformada por las partes dialogantes, que tendrá entonces la característica especial de que los juzgados participen indirectamente en la elección de sus jueces. El ejecutivo dispuesto a firmar los acuerdos a cualquier precio. Si usted revisa cada uno de los acuerdos verá que todos son beneficios para la Farc que, a nada se obliga. Se dirá que ese es el precio de la desmovilización, pero es que ni siquiera eso ocurre. Mire usted, la pena aplicable por la justicia transicional es la localización en un área aún no determinada, pero que, ya está dicho, es zona de influencia de las Farc, en donde pagarán con trabajos sociales a sus correligionarios quienes los elegirán al congreso ¡vaya desmovilización, vaya acuerdo, vaya paz!  
Como si algo faltara, ahora nos llegan los acuerdos especiales, de los que se dice, sin ser cierto, que están reconocidos por el derecho internacional humanitario para distintos asuntos, cuando solo permite aplicar a los conflictos internos las normas acordadas para humanizar la guerra entre naciones. Del procedimiento adoptado no puede decirse como lo presentó Juan Manuel Santos que con él se logró que las Farc reconozcan la Constitución, pues, por el contrario, lo que se evidencia y logra es saltarse a la torera la Constitución y la Ley. La Corte Constitucional tiene en sus manos defender la Constitución del asalto que quiere dársele con la inclusión en el séptimo debate de un acto legislativo en trámite, el texto que se le entregó al Congreso para que se entiendan norma constitucional los acuerdos cuyo contenido aún no se conoce.