Laura Vanessa Ramírez
LA PATRIA | MANIZALES
La Hacienda Potrerillo perteneció a Roberto Escobar Gaviria, alias Osito, hermano de Pablo Escobar, y fue ocupada por el Estado. En 1999 entró al inventario de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). El lugar permaneció abandonado por 15 años y hoy está invadido por campesinos y desplazados. La prensa dice que serán desalojados porque no es legal apoderarse de un predio ajeno.
LA PATRIA denunció entonces la mala administración de Potrerillo. La nota aseguraba que estaba en manos de alguien que la había recibido por un contrato por 50 años sin ser la titular autorizada por la DNE. Se alegaba, además, la nula productividad del predio y el poco beneficio que le traía a los habitantes del kilómetro 41, situado en el corregimiento Colombia, de Manizales.
La DNE empezó un proceso de desalojo, sin embargo hace 16 meses algunos campesinos y desplazados de sectores cercanos que carecían de vivienda aprovecharon su abandono para ocuparlo y construir sus viviendas en guadua y esterillas. Al parecer, dentro de los invasores hay personas a las que estafaron con promesas de venta sobre ese predio y que alcanzaron a entregar dinero como parte de pago.
En la visita
Es cuando visito la invasión en Potrerillo, que la sensación de pobreza extrema y mendicidad desapareció de mi mente. Tuve ante mis ojos a una comunidad humilde, ordenada, limpia, con tesón y deseos de tener una casa digna, como aquellas prometidas por el Presidente de la República Juan Manuel Santos antes de su reelección.
Lo primero que observo es una casa en material del que cuelga un aviso que dice: "Fundación para la Nueva Esperanza". Esta palabra final me conmueve y me lleva a pensar cuánto deseo tienen esos habitantes de tener casa propia. Al adentrarme pude detallar las viviendas; su distribución, residentes, su convivencia y las necesidades más apremiantes.
Se trata de 377 viviendas del mismo tamaño: seis metros de frente por ocho de fondo. Tienen cocina, dos habitaciones, baño y patio. Algunas de estas viviendas están en construcción, pero otras se encuentran con buenos acabados, es decir, chambranas elaboradas en bambú y hasta jardines con huertas de cebolla. Esto evidencia su curia, amor y creatividad.
Los pobladores me miraban con recelo, así que decidí preguntar por Francisco Javier Ballesteros, líder de la invasión, quien después de conocer el objeto de mi visita (escribir esta crónica), me invitó a conocer el “condominio” y a contarme historias con la esperanza de que las publique y así se les abran otras puertas.
Ballesteros me dijo que lo que se publica sobre la invasión a Potrerillo es una exageración, pues argumenta que dicho espacio tiene 5.5 hectáreas y que ellos si apenan ocupan una.
Me contó que los campesinos (incluyéndose) esperaban a que las promesas de las viviendas gratis del Gobierno llegaran hasta este caserío, ubicado a 40 minutos de Manizales, pero por allí no pasó el censo.
"Luego vino el señor Jorge Eduardo Rojas , alcalde de Manizales, a promocionar su Gobierno en la calle, pero sus oídos estuvieron sordos para escuchar nuestro clamor. Entre amigos y vecinos, entre charlas y bromas, decidimos tomar en invasión la parte pequeña y aislada de la Hacienda, de cuyo abandono daba testimonio la maleza que la cubría", dijo entre risas.
Un día, relata, la multitud corrió hacia el lugar y cada familia eligió su terreno: lo señalaron y lo marcaron. Así se originó la invasión hace 16 meses. La junta encargada de representarlos acordó las dimensiones de los terrenos y aclaró que solo habría derecho a un espacio por núcleo familiar.
Construcción
Cada nuevo propietario construyó un cambuche para asegurar su hogar. Levantaron una estructura de guadua forrada en esterilla, cubierta con plásticos y marcada con el nombre del jefe del hogar o con el apellido de la familia y su respectiva numeración. De estos cambuches hoy quedan pocos. Cada fin de semana los propietarios reemplazan el plástico por tejas, mejoran las fachadas e interiores a su gusto.
El 11 de julio del 2013, dos meses después de la invasión, la población recibió la notificación de desalojo. En su defensa ellos presentaron cinco acciones de tutela, lo que permitió que se congelara la orden de desalojo.
Las tutelas fueron negadas y sus apelaciones también, pero nadie ha vuelto a incomodarlos. Corren rumores, y la prensa también lo publica, de que deben desalojar a la mayor brevedad, pero Ballesteros y otros habitantes afirman que no han recibido notificación, aunque no dudan de que esos runrunes se vuelvan realidad.
Acuerdos
Tres mesas de diálogo ha tenido la junta administrativa de la invasión con la DNE. Los primeros piden que se les otorgue la propiedad que hoy ocupan, no como un regalo sino como venta a precio módico. La DNE respondió que nada podía hacer. Les argumentó que la solución estaba en manos de la Gobernación y Alcaldía. Ambas entidades, resalta la comunidad, no responde a solicitudes.
Paula Andrea Sánchez, secretaria de Gobierno de Manizales, es la delegada de la Alcaldía, "pero a cada propuesta, solicitud o sugerencia siempre responde con un rotundo no y en cuanto al señor alcalde, tampoco se apersona de la situación", continuó el líder.
A pesar de tantos tropiezos, La Fundación para la Vivienda Nueva Esperanza ya está registrada ante Industria y comercio y ante la Dian.
Los habitantes siguen a la espera de que el Gobierno les legalice los terrenos, que están dispuestos a pagar y a convertir en proyectos agrícolas.
La comunidad, además de luchar por su techo, tiene otras necesidades. Su prioridad, en este momento, es la instalación de redes eléctricas. En las noches prenden caperuzas, linternas o velas y pasan días y semanas sin saber qué pasa en las afueras, porque no hay manera de escuchar un noticiero.
Varias solicitudes han hecho a la Chec. Inicialmente la entidad aprobó la petición. Luego se negó. Esto llevó a los representantes de la zona a hacer un plantón frente a las oficinas de la hidroeléctrica y así obtener respuestas. Hace dos semanas llegaron topógrafos a medir terrenos para iniciar las conexiones eléctricas y esperan que les llegue pronto la notificación de aprobación.
Algunas entidades también se han acercado a prestar ayuda, pero los aportes han sido nulos. La Secretaría de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos los visitaron hace seis meses con el fin de buscar lugares estratégicos para la ubicación de extintores e hidrantes, no regresaron.
La Secretaría de Salud también ha ido a verificar solo la calidad del agua. "Ni hablan de salud, atención médica o servicios del Sisbén. Un médico si nos visita dos veces por semana", cuenta un morador.
En cuanto al agua, ellos mismos reinstalaron las antiguas tuberías que pertenecían a Empocaldas y que vendieron a Roberto Escobar. El acueducto es propio y el agua viene de un nacimiento.
Francisco Javier López, habitante de la invasión, es el fontanero empírico encargado de mantener el agua en óptimo estado. El cloro, químicos y tubos que necesita son adquiridos mediante el aporte mensual de $4.000 dados por familia. La Junta administra el dinero. Mensualmente Javier recibe $300.000.
Nuevo
En este nuevo barrio del Kilómetro 41 no hay códigos ni manual de convivencia, solo el deseo de vivir en paz. Todos se conocen, respetan y ayudan.
Amparo Tabares, por ejemplo, asa cada día las arepas para la comunidad; Arnobio Orozco tiene un Chevrotet Spring modelo 87 que usa para llevar a los enfermos al puesto de salud y a los incapacitados a la iglesia.
Algunos moradores siembran plátanos y yucas y se comparten entre sí. A la Institución Educativa Geovanni Montini asisten los 172 niños de la zona. 8 niños, caracterizados como especiales, aún no cuentan con la atención adecuada. Los adultos trabajan en lo que resulte; naranjales, recolección de guayabas, minas de oro artesanales. Muchos tendrán nuevo empleo con las obras de ampliación de la carretera Panamericana y Arnobio, dice, será uno de ellos.
Los por lo menos mil habitantes de la invasión, a pesar de estar estigmatizados como ladrones, según sus propias palabras, esperan a que el Gobierno responda favorablemente a sus propuestas. A que no se les niegue el derecho a tener una vivienda digna, a que se les permita trabajar el campo, a que la energía eléctrica llegue como servicio básico y que en lugar de ser vistos como una obstrucción en el desarrollo urbano, mejor que sean vistos como ejemplo de disciplina, orden, convivencia, cooperación y altruismo.
No me alcanzan las palabras para describir y compartir lo que mis ojos vieron, solo sé que las palabras “invasor” y “desalojo” deben desaparecer de estos predios.
El dato
Laura Vanessa asegura que escogió el tema porque, en primer lugar, le impactó. "Después de estar allá me di cuenta de que uno es muy desagradecido, de que uno se queja mucho y de que hay que conocer otras realidades para aprender a valorar lo que se tiene", dijo.
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