CARLOS HERNÁNDEZ
LA PATRIA | MANIZALES
La profesora Fainory Reyes Tangarife hace parte de la historia de la vereda La María Tenerife, del corregimiento de San Daniel (Pensilvania). Hace 32 años y dos meses ella comenzó a levantar la escuela del lugar con ayuda de la comunidad, que aportó recursos en bazares programados cada tanto. Allí forjó su vida y hasta ahora ha sido la única docente de la escuela, donde les enseña a niños de preescolar, primero, tercero y quinto de primaria que aparentemente no volverán a recibir sus clases debido a una medida administrativa.
La liberaron. Paradójicamente, ese verbo que a primera vista solo parece significar cosas buenas (liberar), es para ella el motivo de una angustia que la llevó ayer a Manizales a las instalaciones del sindicato Educadores Unidos de Caldas (Educal). Fue a pedir que intercedieran por ella ante la Secretaría de Educación de Caldas, pues de lo contrario deberá seguir trabajando en Pueblo Nuevo, otro corregimiento de Pensilvania ubicado a unas seis horas y media de La María Tenerife.
“Debo coger yip”, cuenta. “De la vereda a Pensilvania (el casco urbano) me demoro tres horas y media, y de ahí a Pueblo Nuevo son otras tres horas”. Ella, es de aclarar, nunca ha pagado pasaje para ir a trabajar.
Dice que la rectora que la tiene a su cargo primero le dio la opción de renunciar, pues está pensionada. Fainory, sin embargo, se niega, pues considera que si tiene el derecho de seguir trabajando se retirará cuando ella misma lo decida. “Por eso creo que esto es muy arbitrario”, se queja.
Medidas del Ministerio
No se trata de un caso aislado. El segundo semestre académico, que comenzó en forma ayer con el regreso de los alumnos, será de movimientos en la planta docente del departamento. El secretario de Educación de Caldas, Tulio Marulanda, explicó que desde el 2003 no se realizaba un ajuste de planta, algo necesario para que el Gobierno Nacional defina exactamente cuánto dinero le debe girar a la Gobernación por concepto de educación en el Sistema General de Participaciones (SGP).
Todo radica en la disminución del número de matriculados. En el 2003 se definieron recursos para 134 mil 357 alumnos (sin incluir adultos que también estudian), pero se constató que este año esa población ha bajado a 106 mil 802. “El dinero de pago de maestros depende del número de matrículas”, explicó el secretario, para dar a entender que, en este momento, se necesitan menos profesores.
Para este semestre, entonces, en Caldas liberaron a 100 docentes como Fainory, a los que notificaron en vacaciones. Además deberán salir 96 profesores que ocupaban su cargo en provisionalidad. Se trata de personas con un nombramiento especial que ejercían la docencia en puestos vacantes, mientras llegaba alguien nombrado en propiedad. Esa figura se ha distorsionado en algunos casos, pues por ejemplo LA PATRIA ha dado cuenta en informes anteriores de maestros que han estado como provisionales durante 17 años.
Los movimientos siguen con 21 profesores que oficiaban en encargo como coordinadores, lo que los beneficiaba con un sueldo más alto. El secretario indicó que deberán ocupar de nuevo plazas docentes y, por ende, recibir un salario acorde con ese cargo. “Había colegios de 300 estudiantes con un coordinador, cuando el Ministerio exige mínimo 500 alumnos para que haya uno”, aclaró el funcionario.
Críticas a los traslados
Educal critica, ante todo, las liberaciones y traslados. José Darío López Salgado, secretario de Seguridad Social del sindicato, informó que ya le pidieron a la Secretaría de Educación que revise el proceso, pues considera que “se aplicaron criterios absurdos e irrespetuosos”. Agregó: “hay maestros a los que deben trasladar teniendo en cuenta su área de especialidad; otros a los que les deben respetar los derechos adquiridos por haberse pensionado. Que esto no se preste para la persecución y el acoso laboral, para traslados injustos del área urbana a la rural o para desorganizar a las familias de los profesores. Que se les fijen unos criterios claros a los rectores”.
El secretario de Educación asegura que pensaron en esas variables, y que la mayoría de traslados se harán en regiones cercanas a aquellas en las que trabajan actualmente los afectados, o incluso dentro de los mismos municipios. Aceptó, sin embargo, que hay excepciones. “Tenemos problemas de reubicación con siete docentes que deben ser trasladados de Anserma a Aguadas (2), de Riosucio a Aguadas (1), de Risaralda a Aguadas (1), de Chinchiná a La Dorada (1), de Chinchiná a Riosucio (1) y de Filadelfia a Aguadas (1)”.
Ayer en la mañana en Educal era claro, no obstante, que los inconformes son más. Por ejemplo, al caso de Fainory se le suma el de María Esneda Yepes, otra maestra de Pensilvania. Ella trabajó hasta salir a vacaciones en la Escuela Normal de la Presentación, en el casco urbano. Ha ejercido por 39 años y también es pensionada, y le informaron que su traslado es para la vereda Barreto, para la cual le tocaría abordar tres carros en caso de que decida quedarse en su casa. “No he tenido ningún proceso disciplinario. Además necesito seguir trabajando porque soy madre cabeza de hogar y de mí dependen tres hijos. No he pensado en aceptar el traslado porque es injusto. Me tocaría pagar pasajes y ausentarme de mi familia. Es un atropello”.
¿Por qué bajan los matriculados?
La disminución en la matrícula es un fenómeno nacional. El secretario de Educación de Caldas, Tulio Marulanda, explica que se deben tener en cuenta varios factores.
*El primero es que en el departamento también ha habido inconsistencias en el sistema de matrículas, conocido como Simat, y se presentan casos en los que un estudiante aparece matriculado en dos colegios, pues cuando se trasladó no lo sacaron del sistema. Igual ha pasado, agregó el funcionario, con estudiantes a los que matriculan y permanecen en las bases de datos a pesar de que nunca asisten a clases por diversos motivos. Este año los funcionarios de la Secretaría visitaron las instituciones y verificaron el número de alumnos con lo reportado en el Simat, y se hizo una depuración.
*El segundo factor es la deserción escolar, que a su vez se explica por varios motivos, como la migración de familias a otros departamentos, el desinterés de los padres por la continuidad en el estudio de los niños, las dificultades económicas que hacen que algunos pequeños se pongan a trabajar.
*Se calcula que en Caldas la deserción es del 6,08 por ciento, mientras que en el país es del 5 por ciento.
Homologación y transporte
En diálogo con los medios de comunicación, el secretario de Educación de Caldas, Tulio Marulanda, se refirió ayer a dos temas que también tendrán definiciones durante este segundo semestre académico.
Pendientes de la homologación
280 funcionarios administrativos de la educación de Caldas siguen pendientes de que se les reconozca una nivelación salarial, después de que en 1997 pasaron de la Nación a depender del departamento. Entre todos recibirán unos $70 mil millones, de los cuales el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, debe girar $52 mil millones. La Gobernación está a cargo de los $18 mil millones restantes.
El más reciente tropiezo, indicó el secretario, fue que $7 mil 600 millones que la administración departamental pasada debió separar para cumplir con su parte, se invirtieron en restaurante y transporte escolar, pero el Ministerio dice que se deben recuperar. Por ello la Gobernación deberá sacar ese dinero de recursos propios, y la propuesta es dar $4 mil millones este año y $3 mil 600 millones el próximo. Esperan que les den vía libre con esta forma de pago.
Faltan $700 millones para transporte
La Gobernación debe correr este semestre con el transporte escolar de los estudiantes que lo requieran en los municipios de Caldas. Hay $2 mil 800 millones, pero faltan $700 millones, indicó el secretario. En un principio se había pensado que el faltante lo aportaran las alcaldías, que tuvieron a su cargo la responsabilidad el semestre anterior. Sin embargo, el funcionario anunció ayer que se garantizará la contratación hasta noviembre y que conseguirá el dinero por otro lado.
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