Mateo Yepes Serna
LA PATRIA | MANIZALES
El 19 de diciembre del 2016, el Juzgado Restitución de Tierras de Pereira dictó una sentencia que favoreció a los desplazados de El Congal (Samaná), que buscaban volver a sus territorios. El plazo que dio el despacho a las entidades públicas para favorecer el regreso fue de tres años, pero hoy aún no se ha puesto la primera piedra para construir vivienda.
En la sentencia se lee: "El despacho considera procedente otorgar la protección constitucional al derecho fundamental a la restitución de tierras de que son titulares, en su condición de poseedores de los referenciados inmuebles...". El juez que firmó la providencia le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adjudicara a los solicitantes, 35 personas en principio, las tierras que en la toma del 2002 perdieron al huir de la violencia.
A pesar de que esa orden se dio finalizando el 2016, hoy no hay nada porque la Agencia en mención ha dilatado el proceso sin necesidad, según denuncias de la comunidad y de la Gobernación de Caldas.
En rueda de prensa del miércoles de la semana pasada rechazaron las trabas que pone la ANT con un cronograma que iría hasta agosto del 2020, ocho meses más que el plazo estipulado por el juez de tierras en la sentencia.
Señalamientos
Para el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, todas las entidades departamentales y municipales han trabajado para que el retorno sea una realidad. Desde su despacho formaron una mesa interinstitucional con los actores involucrados, que al parecer han cumplido.
La Gobernación de Caldas, con las secretarías encargadas, ya inició movimientos de tierras (22 mil metros cúbicos de tierra) para construir las obras públicas del centro poblado: Escuela, vías internas, Centro de Atención Social (CAS), plantas de tratamiento de aguas, banco de semillas, parque de la memoria y Centro de Integración Ciudadana.
Incluso en un documento facilitado por el Departamento se ve cuántos metros cuadrados se destinarían para cada una de las construcciones, junto con la inversión total.
Piedrahíta indicó que hasta el momento han invertido cerca de $2 mil 200 millones en el proyecto del nuevo Congal, por lo que temen caer en un detrimento patrimonial.
El Banco Agrario, al parecer, también ha cumplido con los subsidios de vivienda para las familias. Este medio conoció que están en riesgo, pues si no se logra acordar algo con la ANT, perderían su validez porque el contrato del banco con el operador es hasta fin de año. "El Banco Agrario no aguanta más, buscan liberar los subsidios porque no pueden seguir esperando, ya llevan tres años en las mismas. Se están desfinanciando porque con lo que hacían una casa en el 2017 no se hace una hoy. Todos los días pierden plata", indicó a LA PATRIA una fuente judicial.
La misma fuente explicó que la Unidad de Restitución de Tierras (URT), diferente a la Agencia Nacional de Tierras, también dispuso su personal en Samaná para que se realizaran estudios necesarios para garantizar el regreso. Para todas las partes consultadas por LA PATRIA, es la ANT la que no quiere tramitar rápido las adjudicaciones.
Piedrahíta lo calificó así: "Aquí es esa entidad (la ANT) la que no ha cumplido y toda esa maraña que se creó en torno al posconflicto ha generado mayor paquidermia en el proceso".
Respuestas
El escenario ideal sería que la ANT adjudique los terrenos para iniciar las obras de vivienda. Sin esos títulos no se puede poner ni una piedra porque el terreno es baldío y pertenece al Estado. En principio serían 17 familias, pero la Gobernación espera que sean 48 las que se asienten definitivamente en el lugar.
Todo está en las manos de la ANT, pero el cronograma presentado difumina el sueño del retorno.
La Agencia respondió en un comunicado de prensa que sí están avanzando en el cumplimiento del retorno de las víctimas a El Congal. Indicaron que el 26 de agosto adjudicaron ocho lotes baldíos para la construcción de las obras públicas del centro poblado, no de las viviendas.
Sobre estas últimas, explicaron que el cronograma que va hasta agosto fue realizado por solicitud del juzgado de tierras encargado. Sin embargo LA PATRIA conoció que este fue un último recurso del despacho al ver el desinterés de la Agencia por cumplir los compromisos.
Este medio le envió un cuestionario al funcionario encargado del área jurídica de la ANT, en respuesta al comunicado de prensa, pero hasta la publicación de esta nota no llegó respuesta alguna.
En un documento de la Fundación Forjando Futuros se menciona que entidades del Estado, entre las que se encuentra la ANT, suelen poner obstáculos para restituir tierras. Sobre esta Agencia específicamente mencionan: "En la práctica ha demostrado ser ineficaz para adelantar y dar feliz término a los procesos de formalización de los territorios por múltiples causas". Aunque suele ser más común en territorios étnicos, el caso de El Congal parece terner las mismas condiciones.
En Caldas se han emitido 92 sentencias de restitución de tierras, según datos de la misma fundación, que representan 141 casos, entre 2015 y 2019. En total han sido restituidas 8 mil 425 hectáreas y se han otorgado 260 títulos de propiedad.
Dolor
"Yo soy nacido y criado en El congal. Allá estudié mis primeros años hasta que nos desplazaron y salimos corriendo hasta Florencia y allá terminé mis estudios y me formé", dijo Duverney Marín Betancourth, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de El Congal.
A él, que vivió la guerra en carne propia, le duele que el mismo Estado ponga trabas para que el retorno se dé sin contratiempos. Calificó de ilógica la posición de la ANT al dilatar más y más el proceso. "El retraso ha sido un golpe más que nos dan como víctimas. Sabiendo que el proceso ya lleva tres años y piden más plazo, es ilógico y no estamos de acuerdo con eso".
Marín Betancourth vive hoy en Florencia, corregimiento de Samaná, pero tiene su finca en El Congal. Todos los días recorre una hora de ida y otra de regreso entre uno y otro punto para trabajar en su tierra. Ansía volver, no solo, sino con su familia: "A mis familiares les he dicho a ellos que la demora es que hagan la casa para irnos a vivir allá, como antes".
Historia
El Congal fue la zona que más sufrió por el conflicto armado en Caldas.
2002: En enero paramilitares liderados por Ramón Isaza llegaron hasta El Congal, habitado por 400 personas, y les dieron 12 horas para que abandonaran. Al día siguiente, incendiaron el caserío y nadie pudo regresar. Desplazaron a 54 familias.
2013: Desplazados de El Congal se reunieron y plantearon el sueño de volver a lo que antes habían sido sus tierras.
2014: La Gobernación de Caldas escuchó a la comunidad y se sentó con ellos semana tras semana para consolidar el proceso de retorno.
2016:
Como acto simbólico, un bus escalera ingresó hasta el que fue el casco urbano de la población, 12 años después de la toma. Ese año también se adecuó un aula y se contrató un profesor para que dictara clase.
En diciembre, un Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira emitió una sentencia que ordenó a autoridades e instituciones nacionales, departamentales y municipales a garantizar el retorno de las víctimas.
2018:
A mitad de año, en audiencia pública, la ANT se comprometió a entregar las titulaciones de los predios, pues sin eso era imposible iniciar obras. La fecha pactada fue octubre de ese año, pero nunca sucedió. La Agencia se excusó en que el responsable del tema en la entidad no estaba empapado del tema.
En agosto, durante una audiencia presidida por el juez que manejaba antes el caso, se le ordenó a las entidades encargadas empezar en octubre de ese año el movimiento de tierras con maquinaria pesada.
En diciembre, durante un acto simbólico realizado dos años después de emitida la sentencia, el 19 de ese mes, la comunidad se reunió para manifestar su inconformismo por lo que consideraban el incumplimiento del fallo por parte de la ANT.
2019:
En enero, el Juzgado de Restitución le ordenó a la ANT que en un plazo de dos meses debía tener los títulos de los predios al día para avanzar con el proyecto.
En febrero, durante audiencia de cumplimiento, la ANT entregó 12 resoluciones de adjudicación y que en marzo entregaría las 10 restantes solicitadas por el juzgado.
En septiembre la ANT indicó, en respuesta a un derecho de petición enviado desde el juzgado, que tendría todas las diligencias listas en agosto del 2020.
Otras quejas
La Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en comunicaciones al juzgado encargado, rechazaron la posición de la Agencia Nacional de tierras por extender el plazo hasta el próximo año. La URT calificó de inaceptable e inadmisible la posición de la Agencia por no expedir los títulos de adjudicación y dilatar el proceso.
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