Round por Empocaldas es para la Gobernación

LA PATRIA | Manizales

La contienda por quedarse con la gerencia de Empocaldas empieza a mostrar resultados judiciales. El primer asalto favorece a la Gobernación, pues el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizales negó por improcedente la protección de los derechos fundamentales que en una tutela reclamaba el gerente Juan Pablo Alzate.  
El funcionario sostiene que el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez, atropelló sus derechos de manera flagrante al realizar un acoso laboral público, repetitivo y demasiado evidente en su contra, pasando por encima de las normas vigentes con el único fin de retirarlo del cargo.
Alzate considera que son irregulares la elección de una nueva junta en Empocaldas, la declaración de insubsistencia y el nombramiento de su reemplazo. Dice que se le violaron los derechos al trabajo, vida digna, salud, debido proceso y acceso a la justicia, entre otros. La acción es contra el gobernador; la secretaria Jurídica, Maria Cristina Uribe; contra Juan David Peláez; que figura como nuevo gerente, y la junta y los accionistas de la empresa.
La Gobernación, por su parte, está convencida de que todos los procedimientos se realizaron a la luz de las normas. El caso está en la Fiscalía,la Contraloría y la Oficina del Ministerio del Trabajo.
El Juzgado concluye que en términos generales se encuentra frente a un conjunto de actos que gozan de presunción de legalidad, respeto de los cuales se están ejerciendo los recursos de reposición y apelación ante el órgano competente. "... y una vez agotada la vía gubernativa, se pueden someter a los procedimientos ordinarios propios de la jurisdicción administrativa, para que allí se determine su eficacia o nulidad". 

Sin perjuicio
En la negación de la tutela también se explica que no se configura un perjuicio irremediable que torne procedente la tutela. "No se encuentran derechos fundamentales que requieran de una protección inmediata o impostergable por estar en presencia real, en un corto lapso, de un daño o menoscabo de los derechos del accionante o que comprometiera peligrosamente y de forma diáfana y puntual algún derecho constitucional como lo exige la jurisprudencia constitucional".   
La puja va para largo por la gerencia de una empresa que tiene cerca de 250 funcionarios y atiende el alcantarillado y acueducto de 20 municipios y 4 centros poblados.
Por ahora, Juan Pablo Alzate sigue despachando desde la sede central en Milán, y Juan David Peláez, elegido por una junta nueva, desde el edificio de la Gobernación.