Procuraduría le ganó litigio al exalcalde de Neira Marino Murillo

Esta vez fueron los jueces quienes no le dieron la razón a Marino Murillo Franco, exalcalde de Neira destituido e inhabilitado por la Procuraduría en el 2004 para ocupar cargos públicos por 10 años.

Él demandó al organismo de control y solicitó ante la justicia administrativa la nulidad del fallo disciplinario en su contra. Esta semana se conoció que, finalmente, el Consejo de Estado determinó que la Procuraduría obró como debía y, por lo tanto, el fallo se mantiene en firme.

Murillo Franco fue alcalde de Neira entre el 2001 y el 2003 por el partido Conservador (línea yepista). En el 2002 le solicitó al entonces gobernador, Luis Alfonso Arias, permiso para salir del país y asistir a la octava Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se celebró en Miami (Estados Unidos).

El primer mandatario caldense expidió una resolución en la que lo autorizó a ausentarse del cargo por los días 11, 12 y 13 de junio del 2002. El alcalde, sin embargo, posteriormente le pidió verbalmente a Arias una prórroga del permiso para atender otros compromisos en el exterior, y él mismo expidió en la Alcaldía una resolución en la que, además, ordenaba que se le autorizaran viáticos que sumaron, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, $8 millones 776 mil 350.

La investigación

La Procuraduría Provincial de Manizales investigó el caso y lo destituyó e inhabilitó mediante un fallo de primera instancia en agosto del 2004, cuando ya había terminado su mandato. Se determinó que la extensión del plazo de su vacancia sin los permisos debidos, y el hecho de que se hubiera adjudicado viáticos durante el tiempo en que no tenía una autorización formal configuraba irregularidades. Su defensor apeló, pero la Procuraduría Regional confirmó en segunda instancia el fallo en noviembre de ese año.

Su insistencia continuó, y demandó a la Procuraduría por considerar que en ningún momento hubo abandono del cargo, que no hubo detrimento patrimonial y que se le había violado el debido proceso. Por eso acudió a la justicia administrativa para que el ente de control le pagara perjuicios morales y materiales, y que se le retirara la sanción.

El Consejo de Estado, sin embargo, no aceptó ninguno de sus argumentos y más bien validó el trabajo del Ministerio Público, por lo que decidió negar las pretensiones de la demanda.

En diálogo con LA PATRIA el martes pasado, Murillo Franco dijo que no lo habían notificado y que desconocía en qué etapa estaba su proceso.

Extracto del fallo

“Para el despacho, la situación fáctica es puntual, el servidor público solicitó tres días de permiso, para salir del país se le confirió por acto administrativo, pero a iniciativa propia se dio 15 días de ausencia física con viáticos y remuneración completa. Lo cual es atentatorio de los deberes que deben observar quienes están revestidos de la condición de servidor público y golpean el patrimonio del municipio”.