LA PATRIA | Manizales
Para proteger el ambiente, la existencia de un equilibrio ecológico, manejar y aprovechar racionalmente los recursos naturales y tener una moralidad administrativa, la Procuraduría General de la Nación interpuso una acción popular, debido a las actividades mineras que se hacen en Marmato.
Ante esto el Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá amparó estos derechos en sentencia de primera instancia acogiendo las pretensiones del Ministerio Público por medio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
De este modo ordenó a la Gobernación de Caldas, a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) y a la Alcaldía de Marmato, a realizar obras, actividades puntuales y específicas para mitigar la vulneración y agravio sobre los derechos afectados por la explotación minera.
De igual manera, el fallo ordenó a la Alcaldía cumplir con eficacia todas las funciones constitucionales impuestas y que entregue las viviendas construidas para reubicar a la población del área urbana desplazada que perdieron sus casas por los deslizamientos de tierra a raíz de los problemas ecológicos que tienen algunas zonas del municipio.
Le piden a la Alcaldía que elabore un plan de cumplimiento con cronogramas en salud, educación, empleo y capacitación para la población desempleada a causa de la suspensión de las labores de minería para que estos encuentren otras opciones de trabajo. Igualmente, tendrán la obligación de rendir un informe explicando la destinación dada a los dineros recibidos por concepto de regalías desde el 2000 hasta la fecha.
Responde el alcalde
Héctor Jaime Osorio, alcalde de Marmato, afirmó que no tiene conocimiento del fallo y que aún no ha recibido notificación por lo que indicó que cuando lo tenga para estudiarlo.
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